Vásquez fue arrestado el domingo y puesto en prisión preventiva a la espera de juicio como supuesto responsable de la muerte a manos de militares del manifestante Isy Obed Murillo, de 19 años, mientras participaba en una protesta una semana después del golpe del 28 de junio de ese año.
«Si lo han requerido [a Vásquez] es porque pruebas ha habido (…), queremos que sea castigado», dijo la madre de Murillo, Silvia Mencías, en rueda de prensa.
«No lo hago [pido] por venganza, sino por justicia», agregó.
Su esposo, José David Murillo, relató que los restos de su hijo fueron exhumados el 13 de septiembre con participación de un antropólogo español y se comprobó que murió por disparos de un «fusil del ejército».
Junto con Vásquez fueron detenidos su adjunto, general Venancio Cervantes, y el excomandante de operaciones especiales Carlos Puerto. Los tres exjefes militares están retirados.
El 5 de julio de 2009 hubo una manifestación contra el derrocamiento de Zelaya, esposo de la actual presidenta izquierdista Xiomara Castro, que congregó a miles de hondureños cerca del aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.
Zelaya, enviado al exilio por los militares y líderes del Congreso que lo derrocaron, planeaba aterrizar ese día en Toncontín en un avión procedente de Nicaragua.
Sin embargo, cientos de militares impidieron el aterrizaje de la aeronave y dispararon contra los manifestantes para dispersarlos.
Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, recordó en la misma rueda de prensa que el caso de Murillo fue llevado en 2019 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington.
Oliva afirmó que la muerte de Murillo «fue crimen de lesa humanidad», por lo «que no prescribe» ni puede ser objeto de amnistías.
Indicó que el caso por la muerte del joven fue reactivado por el nuevo fiscal general, Johel Zelaya, quien asumió su cargo en noviembre pasado.
El fiscal no es familiar del expresidente Zelaya, pero la oposición afirma que es afín al gobierno. También asegura que la captura de los militares es una «persecución política».
En un mensaje en X publicado antes de ser detenido, Vásquez escribió: «¡No lograrán callarme! Nunca di una orden de atentar contra ningún hondureño».
