En sus inicios, la implementación del Plan Control Territorial (PCT) del Gobierno del presidente Nayib Bukele estuvo marcada por el bloqueo de ARENA-FMLN y sus aliados en la vieja Asamblea Legislativa. De diversas maneras —ya fuera por negar financiamiento internacional para el despliegue y la modernización de las fuerzas de seguridad pública, o a través de fallos de la Sala de lo Constitucional que habían nombrado—, la vieja clase política defendía a sus socios criminales, a quienes había protegido, fomentado y finalmente validado a través de acuerdos mediante los cuales entregaron a poblaciones enteras a merced del terrorismo de las pandillas.

El pueblo salvadoreño, decidido a apoyar al único gobernante que ha demostrado tener la voluntad política y la valentía de enfrentarse a los criminales, votó libremente para darle al presidente Bukele el apoyo parlamentario suficiente para echar a andar su política de seguridad pública.

Con fondos asegurados y la distribución por todo el territorio de policías y militares, las maras retaron al Estado y castigaron al pueblo salvadoreño con una masacre de inocentes. La reacción del Gobierno del presidente Bukele no fue la que se podía haber esperado de ARENA-FMLN, que se rindieron ante las estructuras delincuenciales y transaron con ellas, sino que enfrentó con aún más fuerza y determinación a los criminales.

Con todo el respaldo legislativo obtenido por delegación del mandato popular, el Gobierno contó con las herramientas legales para impulsar el régimen de excepción para encarar a las pandillas. Gracias a ello, y a la entrega y dedicación de policías, militares, jueces y fiscales, más de 71,000 mareros o colaboradores de las organizaciones terroristas han sido detenidos y enviados a prisión, logrando que El Salvador pasara de ser el país con más homicidios por 100,000 habitantes a una de las naciones más seguras del mundo.

Y no solo se trató de enviar a la cárcel a los criminales, sino también de desmontar la economía delictiva que las pandillas habían implementado. De ese modo, sin recursos proveniente de sus actividades delictivas, las maras han perdido su fuerza e influencia en la sociedad.

En todo caso, el Gobierno se encuentra en un proceso de erradicación de las pandillas y de su accionar, con apenas unos años de enfrentarse a un monstruo que fue creado durante décadas por la negligencia y complicidad de ARENA y del FMLN.

El Salvador se ha convertido en un ejemplo internacional de que sí es posible conquistar la paz para un pueblo que ha sufrido el embate del terrorismo y la corrupción de los viejos políticos.