La Cámara Primero de lo Civil de San Salvador, nombró a un experto financiero para que elabore un peritaje que determine el monto exacto de enriquecimiento ilícito de Benito Lara, exdiputado del FMLN y exministro de Justicia y Seguridad en el gobierno de Mauricio Funes.
El exfuncionario junto a su esposa Ana Emilia Zelaya de Lara y su hija Ileana Briseida Lara Campos, son señalados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de haberse enriquecido de forma ilícita con un monto de $201,874.31, esa cantidad podría disminuir o incrementarse con el análisis financiero.
Cuando la Fiscalía presentó el 9 de junio del año pasado la demanda civil, dijo que Benito Lara fungiendo como diputado propietario de la Asamblea Legislativa, entre el 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, no justificó $33,989.73, a través de 14 irregularidades en concepto de depósitos bancarios.
Cuando le revisaron el segundo período como diputado, del 1 de mayo de 2012 al 30 de mayo de 2014, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia halló dos irregularidades por $16,900 referente a adquisición de vehículos y tuvo un resultado negativo entre los ingresos y los gastos $53,751.11, gastando más de lo que percibía.
Mientras que como ministro de Justicia y Seguridad, entre el 1 de junio de 2014 al 20 de enero de 2016, no desvaneció una irregularidad por un monto de $26,930.83. Concluyendo la Fiscalía que en sus tres gestiones púbicas tuvo un incremento patrimonial no justificado de $131,571.67.
Su hija Ileana Briseida Lara Campos, enfrenta la demanda civil por dos irregularidades en concepto de adquisición de dos vehículos desconociendo su origen, por $68,302.64, durante el período comprendido del 1 de mayo de 2012 al 30 de mayo de 2014, en el que su padre se desempeñó como diputado.
Mientras que su esposa, Ana Emilia Zelaya de Lara, no justificó dos irregularidades entre el 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, en concepto de depósitos bancarios realizados en efectivo en cuenta de ahorro y adquisición de vehículo, $2,000.
El juicio civil fue promovido por resolución que magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitieron luego del informe que les elaboro la Sección de Probidad.
El ministerio público ha dicho a los magistrados de cámara que Benito Lara y sus parientes tuvieron un incremento patrimonial no justificado por $201,874.31 y la pretensión es que se les condena a devolver esa cantidad de dinero al Estado.
El juicio civil tiene base legal en la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos de 1959 que aplica un régimen sancionatorio consistente en multas para que se regrese el dinero obtenido de forma indebida.
En la fase administrativa de investigación la Sección de Probidad revisó la documentación presentada y previno a Benito Lara para que subsanara las irregularidades, pero como no justificó la procedencia lícita del dinero el expediente pasó a instancia de Corte Plena donde fallaron en contra del exfuncionario.
