La medida se extenderá por 60 días e involucra notablemente a Trujillo, tercera ciudad del país y eje industrial del norte peruano, así como a la provincia de Pataz donde las mafias de oro ilegal han echado raíces.
«Al Estado peruano no le va a temblar la mano para enfrentarlos y neutralizarlos», dijo el ministro de Defensa, general en retiro Jorge Chávez, en conferencia de prensa.
El gobierno justificó la decisión alegando que hay una «creciente ola de violencia vinculada a organizaciones criminales y la minería ilegal», según el Primer Ministro, Alberto Otárola.
En Trujillo y en Pataz se ordenó suspender la atención en locales comerciales, eventos sociales y espectáculos entre la medianoche y las 04H00 de la mañana «hasta controlar en forma definitiva la ola de delincuencia».
Las autoridades denunciaron que las bandas organizadas se dedican al sicariato, extorsiones y cometen actos de terror contra la policía.
Según las autoridades el crimen organizado ha cambiado sustancialmente en los últimos años en Perú tras la crisis migratoria en Venezuela, el tráfico de armas de fuego y la presencia de bandas como el ‘Tren de Aragua’ de origen venezolano.
En Trujillo en lo que va del año se produce casi una muerte por día, según las cifras oficiales.
En Pataz por su parte, son alrededor de 20 las bandas de minería aurífera ilegal, que han sido denunciadas por la voladura de siete torres de alta tensión de energía eléctrica, ataques con dinamita a compañías mineras formales y fuerzas policiales.
«Pataz es la peor expresión respecto a lo que se puede pensar de la inseguridad ciudadana: extorsión, explotación laboral, explotación sexual, proxenetismo, tráfico de armas, insumos químicos», subrayó el Primer Ministro Otárola.
El incremento de la inseguridad llevó al gobierno a crear en noviembre pasado una fuerza élite para combatir la extorsión, un delito que se disparó en el último año con la presencia de bandas internacionales que amedrentan a pequeños comerciantes y empresarios.
