El presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó este jueves como ministro de Hacienda a un excompañero de armas en la disuelta guerrilla M-19, el cuarto titular de esta cartera en lo que va de su mandato, marcado por constantes crisis políticas.
El economista Germán Ávila es un viejo amigo del mandatario de izquierda y llega en momentos difíciles para las finanzas del Estado.
Ávila enfrentará varios desafíos como el presupuesto desfinanciado del Estado, presiones fiscales y el reto de presentar ante el Congreso una nueva reforma tributaria tras el hundimiento de la última en diciembre.
Al igual que Petro, Ávila se desmovilizó en 1990 como parte del acuerdo de paz que firmó el M-19. El nuevo ministro reemplaza a Diego Guevara, que estuvo apenas cuatro meses en el cargo.
La dimisión de Guevara ocurrió en medio de una tormenta en el gabinete tras un escandaloso consejo de ministros televisado en febrero que mostró rencillas dentro del gobierno.
Los ministros de Defensa, Interior, Ambiente, Comercio, entre otros, dejaron sus cargos desde entonces, un remezón que golpea la popularidad del mandatario cuando sus aliados buscan mantener a la izquierda en el poder en las elecciones de 2026.
Sin mayorías en el Congreso, el mandatario pena para hacer realidad sus reformas de izquierda, por lo que anunció una consulta popular sobre cambios en el sistema sanitario y laboral.
Además enfrenta distintos focos de violencia en el país, avivados por el creciente narcotráfico.
Los constantes cambios en las entidades encargadas del manejo de la economía colombiana, la cuarta más grande de América Latina, han generado preocupación en los sectores empresariales que temen agitación en los mercados.
Colombia registra desde 2024 una moderada recuperación económica luego de un período de alta inflación y magro crecimiento en los años posteriores a la pandemia.
Su Producto Interno Bruto (PIB) subió un discreto 1,7 % en 2024, impulsado principalmente por la agricultura.
El gobierno apunta a recortar un déficit fiscal que para 2025 se proyecta en un 5,1% del PIB según cálculos estatales, mientras busca aumentar la inversión social y el recaudo tributario.
