El ministro de Trabajo, Rolando Castro, interpuso este lunes 1 de febrero un recurso de inconstitucionalidad contra las candidaturas de Roberto d’Aubuisson y Ernesto Muyshondt, quienes aspiran a mantenerse como ediles de Santa Tecla y San Salvador por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), respectivamente.
Según Castro, ambos ediles no cumplen con el requisito de honradez ni moralidad notoria, como la ley establece para este tipo de aspirantes a cargos públicos. Además, el funcionario señaló que, así como la Sala de lo Constitucional inhabilitó la candidatura a diputado por el partido Nuevas Ideas de Walter Araujo, así debe tomar en cuenta el mismo fallo en el caso de ambos ediles.
«Estamos probando la justicia en El Salvador, probando si tenemos una Sala de lo Constitucional que aplica el principio de igualdad o si aplica justicia selectiva. He venido a presentar inconstitucionalidad contra la candidatura de Roberto d’Aubuisson y de Ernesto Muyshondt ocupando el mismo criterio jurídico que utilizó la Sala para la inhabilitación del candidato Walter Araujo», señaló Castro.
«A Walter Araujo lo inhabilitan por un proceso penal abierto. Muyshondt tiene varios procesos penales abiertos. En el (Juzgado) Segundo de Instrucción, Muyshondt está procesado por el delito de agrupaciones ilícitas por haber negociado con grupos de pandillas. Por otro lado, Muyshondt está judicializado en el (Juzgado) Octavo de Instrucción, donde ha habido una apropiación de cuotas de los trabajadores municipales», agregó.
Con respecto al alcalde tecleño Roberto d’Aubuisson, Castro señaló que «es peor la situación, tiene dos condenas y en las inhabilitaciones que habla el Código Electoral plantea que la persona que ya esté condenado no puede ser candidato a un cargo de elección popular en el concejo municipal».
Junto al ministro Castro, un grupo de exempleados y trabajadores de la Alcaldía de Santa Tecla también se presentaron en la sede de la Corte para pedir que la Sala inhabilite la candidatura de d’Aubuisson, quien busca permanecer tres años más al frente de dicha comuna.
Elexis Hernández, representante del Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Santa Tecla (SITRANSAT), señaló que, hasta la fecha, el alcalde tecleño se niega a cumplir las sentencias que lo obligan a reinstalar a 71 empleados que fueron despedidos en su gestión municipal, razón por la cual no cumple con el requisito de honradez y moralidad notoria.
«Desde septiembre de 2018, este alcalde ha venido desobedeciendo las órdenes judiciales. Ya se han puesto recursos ante el Tribunal Supremo Electoral. A pesar de que ya hay sentencias en firme de parte de la Cámara de que se efectuara nuestro reinstalo, él dice que está haciendo lo que la ley le permite, pero la sentencia ya está en firme. El alcalde de Santa Tecla está en flagrante delito. Le pedimos a la Sala que inhabilite tanto a Roberto d’Aubuisson como a Ernesto Muyshond», declaró.
«La Cámara (de lo Contencioso) confirmó la sentencia desde febrero del año pasado y desde junio y julio de 2019 los honorables jueces han confirmado que nosotros tenemos que ser reinstalados. Consideramos que la fiscalía no está haciendo nada. La Fiscalía no quiere hacer nada y el fiscal va a ser declarado culpable por el delito de omisión», agregó.
En junio de 2018, la Cámara de lo Contencioso ordenó de «forma inmediata» el reinstalo o reubicación definitiva de todos los empleados que se ampararon al proceso. En esa resolución la Cámara también dictó que la comuna debe cancelar tres meses de salarios no percibidos por el cese injustificado.
La Cámara aclaró al Concejo Municipal que frente a la sentencia no existe ningún recurso para revocar «en consecuencia la ejecución de esta sentencia es de estricto e inmediato cumplimiento, so pena de las sanciones administrativas, penales y la responsabilidad patrimonial, que respectivamente pueda acarrear el incumplimiento».
