Fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, han solicitado que pasen al Estado, $2,492,000, en bienes e inmuebles, a nombre del presunto narcotraficante fallecido, Luis Alfonso Amaya Pineda y su grupo familiar.
En el escrito, la Fiscalía General de la República pidió de forma oficial que 134 inmuebles ubicados en la Costa del Sol, La Paz, Sonsonate, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, San Salvador y San Vicente pasen a propiedad del Estado, así como 14 vehículos y seis cuentas bancarias.
Entre los automotores hay tres pick-up de años recientes, valuado cada uno en $29,000; en total todos los vehículos ascienden a más de $130,000, según el informe preliminar, ya que pericias determinarán el monto total.
En el proceso, el ministerio público detalla que todos lo reclamado a favor del Estado está a nombre de Luis Alfonso Amaya Pineda, Zaida Lisseth Candel Osorio, Juan Alfredo Amaya Pineda y Alba Iris del Rosario Escoto.
En las indagaciones la Fiscalía argumenta que todos los bienes e inmuebles tiene una procedencia ilícita ya que son producto de actividades relativas a las drogas.
Luis Alfonso Amaya y su esposa Zaida Lisseth Candel Osorio, son procesados en el Tribunal Tercero contra Crimen Organizado de San Salvador. Amaya, falleció el 10 de abril de 2024, en el Hospital San Rafael, de Santa Tecla, departamento de La Libertad de un infarto.
Junto a su esposa había sido detenido por orden de la Fiscalía el 22 de febrero de 2023 en residencial Bosques de Santa Elena Sur, Antiguo Cuscatlán.
En esa casa donde residía le encontraron siete kilos de cocaína y otras 10 porciones de diferente tamaño, con un precio de $197,449.90.
Fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Narcotráfico lo señaron como jefe de una estructura de narcotráfico que transportaba droga desde Costa Rica y Panamá y con nexos con la Mara Salvatrucha.
Además, Juan Alfredo Amaya Pineda, hermano de Alfonso Amaya, tiene causa penal por los mismos delitos tras ser detenido el 5 de octubre del 2022 en la colonia Santa Clara de Cojutepeque, le hallaron enterrados en su casa de habitación 39 de kilos de cocaína. A nombre de Juan Alfredo también hay varios inmuebles que la Fiscalía pretende sean extinguidos a favor del Estado.