La policía desmanteló este miércoles un campamento que albergaba a más de 100 consumidores de crack en el noreste de París, en el último episodio de un conflicto que los ha desplazado repetidamente por la capital.
Desde hace más de dos años, los adictos a este derivado de la cocaína han sido desalojados de varios puntos de los barrios populares del noreste parisino entre quejas de los vecinos, sin lograr una solución duradera.
Unos mil policías y gendarmes lanzaron poco antes de las 07:00 de la mañana (hora local) de la mañana el desalojo del último campamento, según el ministerio del Interior, operación que estaba casi finalizada hacia el mediodía.
Una periodista de la AFP vio a un gran número de policías rodear la plaza Forceval, desde las 07:00 am, en presencia del nuevo jefe de la prefectura de policía de París, Laurent Nuñez.
A media mañana, tiendas de campaña, muebles y otros objetivos habían sido retirados en su mayor parte y los servicios de limpieza habían llegado al lugar, donde merodeaban todavía algunos drogodependientes.
El ministerio del Interior explicó que el objetivo es además evitar que estos se instalen en otro punto, pero la asociación Médicos del Mundo alertó de los eventuales riesgos.
«Hay una dispersión de los usuarios y en algunos meses los veremos en las entradas de los edificios», aseguró Marie Debrus, de esta oenegé, denunciando «una crisis humanitaria orquestada por los poderes públicos».
El ministerio del Interior aseguró que las personas buscadas por la policía serán detenidas y trasladadas, en el caso de extranjeros en situación irregular, a los centros de retención de cara a su expulsión.
«Los otros ocupantes serán orientados a dispositivos de alojamiento con un acompañamiento médico-social o a unidades de cuidados», agregó esta fuente.
Según las asociaciones, entre 300 y 400 personas de día y unas 150 de noche frecuentaban esta plaza, donde los traficantes vendían la «droga del pobre» a unos 10 euros (9,90 dólares) la dosis.
«Desde hace un año pedimos la evacuación pero también la atención de los toxicómanos», aseguró Melinda Bernardo, del colectivo 93 Anti-Crack, quien se dijo «escéptica» sobre el seguimiento médico que solicitan.
