El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró el martes que las autoridades retomaron el control de las cárceles, tras una semana bajo el estado de sitio que decretó en respuesta a ataques de pandillas que dejaron diez policías muertos.
El pasado 18 de enero, Arévalo declaró el estado de excepción por un mes, luego de una ola de atentados de la temible pandilla Barrio 18 contra policías, en represalia por la retoma de tres cárceles que estaban bajo control de convictos de esa banda.
Los presos mantenían como rehenes a decenas de personas para presionar el traslado de un jefe de la pandilla a otra penitenciaria con menos seguridad.
Barrio 18 y su enemiga la Mara Salvatrucha son consideradas terroristas por Guatemala y Estados Unidos.
«El crimen organizado ya no gobierna en las cárceles de Guatemala, ahora gobierna la ley», afirmó el mandatario en rueda de prensa, al hacer un balance de las acciones desplegadas bajo el estado de sitio.
Unas mil personas, incluidas decenas de presuntos pandilleros, han sido detenidas durante esos operativos, según datos del ministerio del Interior.
Se está terminando «con el poder de mando que ejercían los criminales desde las cárceles» y se rompió «el vínculo entre las cárceles y las calles», subrayó el presidente.
Las autoridades guatemaltecas reconocen desde hace varios años que los penales están bajo el control de presos de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha.
Según los organismos de seguridad, desde las prisiones los pandilleros ordenan asesinatos y coordinan la venta de drogas y extorsiones.
El exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano puso en duda que el gobierno haya tomado el control de las prisiones en tan poco tiempo.
«Ningún gobierno ha podido tener el control (de las cárceles). Ojalá ahora sí lo pueda hacer», comentó a la AFP.
El presidente afirmó que la crisis de inseguridad puso al descubierto una «maquinaria perversa que involucra a muchos actores y muy poderosos intereses».
Arévalo mantiene un duro enfrentamiento con la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusa de formar parte de un «pacto político-criminal» para desestabilizarlo, lo cual niega la funcionaria.
Porras, quien intentó impedir la posesión de Arévalo hace dos años, está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, bajo señalamientos de corrupción.
Guatemala realizará este año el proceso habitual para cambiar a la fiscal general y a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia judicial del país.
