Yoon Suk Yeol fue citado el domingo a las 10H00 hora local (01H00 GMT) en la Oficina de Investigación de la Corrupción (CIO), localizada en Gwacheon, a las afueras de Seúl.
La organización centraliza las pesquisas sobre su presunto autogolpe fallido del 3 de diciembre, que sumió el país en un caos político.
«El presidente Yoon Suk Yeol no se ha presentado», declaró el CIO en un comunicado, antes de añadir que, como resultado, la organización tomará «futuras medidas».
El otrora fiscal tampoco se presentó a la citación el miércoles, sin dar explicaciones sobre su ausencia.
En la madrugada del 4 de diciembre, Yoon Suk Yeol declaró la ley marcial, algo que no había ocurrido desde 1980, y sumió al país en la peor crisis política de las últimas décadas.
El Parlamento destituyó a Yoon el 14 de diciembre, y también, el viernes, a su sustituto interino, el primer ministro Han Duck-soo, acusado de participar en lo ocurrido. Así las cosas, el país quedó en manos del ministro de Finanzas, Choi Sang-mok.
A Yoon se le acusa de un delito de insurrección, que podría acarrear una condena de prisión vitalicia, o incluso la pena de muerte, y se le ha prohibido salir del país.
Según un informe de la fiscalía consultado por AFP, Yoon Suk Yeol autorizó a los militares a abrir fuego para entrar en el Parlamento durante su intento de imponer la ley marcial
Medios surcoreanos apuntan que el mandatario suspendido, de 64 años, también se niega a acusar recibo de las citaciones de la Corte Constitucional, que debe pronunciarse sobre la validez de la destitución del presidente en un plazo de seis meses.
La primera audiencia sobre su caso tuvo lugar el viernes. Si el tribunal falla a favor de la destitución, unas nueva elecciones deberán ser organizadas en un plazo de dos meses.
