Con el objetivo de seguir combatiendo el aumento de la inseguridad de la ciudadanía y el crimen organizado por las que atraviesan Lima Metropolitana y la provincia del Callao, el Gobierno de Perú ha prorrogado por 45 días más el estado de excepción.
Durante la continuación del estado de emergencia se ha enfatizado que quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad nacionales.
El decreto fue publicado en el diario oficial «El Peruano», en el que el Gobierno sustentó que con dicha decisión busca proteger a la población de aquellas amenazas que atenten contra su seguridad y así promover su bienestar general.
La administración explicó que la extensión de la medida seguirá permitiendo que la Policía Nacional del Perú (PNP), junto con el apoyo de las Fuerzas Armadas, mantenga el orden.
La intervención de ambas instancias se efectúa conforme a los decretos legislativos 1186 y 1095; en el último se establecen «reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional».
La normativa ha sido suscrita por el presidente de Perú, Pedro Castillo.
De acuerdo con informes de carácter reservado de la PNP, se recomienda continuar las operaciones a fin de reducir las acciones delictivas cometidas por delincuentes comunes y bandas criminales organizadas.