La nacionalización, las sociedades de economía mixta y los asocio público-privados son modelos que pueden ser considerados para resolver la actual crisis del transporte público de pasajeros en El Salvador, expresan analistas.
En la actualidad, el Estado concesiona por plazos de 10 años la prestación del servicio de transporte público a empresarios; en ese sentido, las líneas y las rutas son estatales, mientras que las unidades (buses y microbuses) pertenecen al sector privado. A su vez, los empresarios reciben un subsidio mensual para estabilizar las tarifas, es decir, para que no aumenten el precio del pasaje.
Nelson Flores, especialista en administración pública, considera es importante que el Estado ponga fin a la histórica corrupción y abusos que los empresarios del transporte colectivo han causado contra los pasajeros.
«Lo mejor debería de ser un sistema de transporte administrado por el Estado, osea, nacionalizar el transporte. Sin embargo, también se podría iniciar un proceso de transición con un sistema de economía mixta o un asocio público-privado, donde el Estado tenga mayor representatividad», valoró Flores.
El asocio público-privado, precisó el analista, podría ser utilizado durante un proceso de transición hacia la nacionalización del transporte, y permitiría la incorporación de buses nuevos y modernos, la modernización de la infraestructura vial y establecer un sistema de pagos electrónicos.
«Es urgente un cambio radical en el sistema de transporte que brinde una atención más digna a los usuarios, que han tenido que sufrir tantos vejámenes y maltratos por ese sistema tradicional tan inhumano», dijo el especialista en administración pública.
A inicios de este mes fueron capturados varios reconocidos empresarios, incluido Genaro Ramírez, por negarse a prestar el servicio de transporte público de manera gratuita, a pesar de que el costo lo asumiría el Gobierno, a raíz de las afectaciones viales generadas por deslizamientos en la zona donde se amplía la carretera Panamericana, en el tramo Los Chorros, distrito de Santa Tecla.
«Lo ideal sería una nacionalización progresiva, introduciendo gradualmente unidades nuevas bajo completo control gubernamental, mientras se van descartando las unidades antiguas o se revoquen los permisos de línea a los empresarios actuales, con su debida compensación», manifestó por su parte el académico Rafael Góchez.
Al igual que Flores, consideró pertinente implementar un sistema electrónico universal de pago para ordenar la contabilidad del transporte público de pasajeros, así como agilizar la entrada en vigencia del monitoreo por GPS en los buses y microbuses para evitar que los empresarios cobren el subsidio sin brindar el servicio a los usuarios.
