El sociólogo René Martínez consideró que dicho artículo por derogar «elimina un factor que ha servido para la corrupción, en tanto que los partidos políticos usaron dicha deuda no para fomentar la democracia ni las elecciones en igualdad de condiciones, sino para enriquecer a sus líderes».
Similar postura tiene Juan Gilberto Contreras, experto en temas electorales, quien recordó que por mucho tiempo se planteó que la deuda política «sostenía la democracia»; sin embargo, «la mayor parte de los gastos que ellos [partidos políticos] tienen ha provenido del financiamiento privado».
Contreras añadió que a partir de las reformas constitucionales se hace necesario dar otro paso para regular el financiamiento privado de los partidos y evitar «prácticas ilegales». Explicó que para esto ya no es necesaria otra reforma de la Constitución. Martínez consideró que las primeras dos reformas son «la piedra angular» para la modernización política del país, ya que abren el camino para otras reformas más profundas, sobre todo en «temas de inversión estatal».
El 12 de febrero anterior, la Asamblea Legislativa aprobó la derogatoria del artículo 210 que contiene la figura de la deuda política. Mientras que el 29 de enero pasado se ratificó la reforma del artículo 248, y se amplió el método para implementar reformas constitucionales.
