La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la República (CSJ) declaró inconstitucional el decreto 127 promovido por el exdiputado del PDC, Rodolfo Parker y aprobado por la Asamblea Legislativa el 26 de septiembre de 2018 que permitió que varias empresas evadieran un total de $280 millones en impuestos.
La Sala declaró inconstitucional dicho decreto luego que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya acudiera el pasado 19 de agosto a la secretaría de la referida sala con una solicitud de seguimiento de cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad 96-2014 que está relacionada al decreto 127 y que les devuelva las facultades que habían sido conferidas por el decreto legislativo 763 aprobado el 31 de julio de 2014 y que permitía al ministerio de Hacienda ciertas competencias de revisión y determinación en relación con las materias que regulaba.
«Declárese inconstitucional el decreto legislativo número 127, de 26 de septiembre de 2018, publicado en el Diario Oficial número 182, tomo 421, de1 de octubre de 2018. La razón es que dicho decreto restringió los efectos temporales de la sentencia dictada en el presente proceso, pues en lugar de finalizar los efectos del decreto legislativo número 763 el 31 de diciembre de 2018, concluyeron el 1 de octubre de 2018, es decir 92 días antes», declaró la Sala en la sentencia.
Respecto a la resolución, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya señaló esta mañana que dicho decreto permitió que las empresas evadieran $280 millones de impuestos que estaban siendo perseguidos por Hacienda relativos a los años 2014 y 2015.
«En el mes de septiembre de 2018 a iniciativa del exdiputado Rodolfo Parker la asamblea legislativa emitió el decreto 127 ese decreto básicamente perdonó $280 millones de impuestos que estaban siendo perseguidos por la administración tributaria relativos a los años 2014 y 2015», indicó Zelaya.
Explicó que, antes de la aprobación del decreto 127 interrumpió los procesos tributarios de alrededor de 368 casos.
«Perdonó de un solo tajo $280 millones para el fisco salvadoreño eran alrededor de 368 casos los que se estaban persiguiendo había tasado $148 millones y alrededor de un 50% más de los casos que estaban en curso no tenía tasación de la Dirección General de Impuesto Internos o de la Dirección General de Aduanas», apuntó el ministro.