Un año ha transcurrido desde que la Asamblea Legislativa hizo una de varias contribuciones en la lucha contra las pandillas, declarada por el Ejecutivo en 2022, con la aprobación de una serie de reformas penales que permiten el procesamiento judicial de más de 90,000 pandilleros detenidos bajo el régimen de excepción.
El 12 de febrero de 2025 el congreso autorizó diferentes decretos con enmiendas al Código Procesal Penal, a la Ley Penal Juvenil y a la Ley contra el Crimen Organizado, con el objetivo de adecuar la normativa penal y procesal al volumen y complejidad de los casos vinculados a estructuras criminales, en el contexto del régimen especial.
La efectividad de la Policía Nacional Civil (PNC) en la captura de pandilleros originó un incremento significativo en el número de casos a procesar, y algunos con varios involucrados, por lo que era necesario contar con plazos más amplios que permitieran a la FGR realizar las diligencias de investigación.
La Asamblea aprobó modificar el Código Procesal Penal para que los jueces puedan solicitar la ampliación del período de detención provisional cuando se requieran pericias complejas o existan conflictos de competencia que dilaten el proceso.
También aprobó modificar la Ley contra el Crimen Organizado, para que sean los tribunales especializados los encargados de vigilar la ejecución de las penas en los casos relacionados con las pandillas.
En esa misma reforma se avalaron restricciones a los beneficios penitenciarios, como la libertad condicional o la libertad anticipada para los reclusos condenados por delitos relacionados con el crimen organizado.
Además, se autorizaron modificaciones a la Ley Penal Juvenil, con la introducción de disposiciones específicas para adolescentes vinculados a estructuras criminales, diferenciando su tratamiento del régimen ordinario establecido para infracciones juveniles.
Entre esas reformas se estableció que los menores infractores cumplan sus condenas en centros penales de adultos cuando hayan sido encontrados culpables de cometer delitos relacionados con el crimen organizado, con el propósito de separarlos de aquellos que son procesados por delitos menores.
Durante 2025 la Asamblea Legislativa también aprobó otras medidas que reforzaron la guerra contra las pandillas; entre esas, una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado que permite la eliminación de la audiencia de imposición de medidas y preliminar.
Con esa modificación, los jueces decretan la detención provisional desde el momento en que la Fiscalía General de la República (FGR) presenta la acusación formal e inicia el plazo de dos años hasta que se instala la audiencia única, que tiene el propósito de establecer la sentencia definitiva.
Como resultado de la lucha contra las pandillas, El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental.
