El Senado de España, dominado por mayoría absoluta del Partido Popular (PP), aprobó ayer una moción para que el Gobierno de Pedro Sánchez destituya al fiscal general, Álvaro García Ortiz, «ante el incumplimiento de sus funciones», y que se asigne a un nuevo funcionario.
Tras ser debatida la iniciativa, hubo 144 votos a favor del PP y Vox, frente a 97 votos en contra del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Izquierda Confederal, y 19 abstenciones de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el partido Euskal Herria EH Bildu; estos últimos todos socios del Ejecutivo.
La petición ocurrió un día después de que el Tribunal Supremo anuló el nombramiento de la ex fiscal general Dolores Delgado como fiscal de la Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, propuesta por García Ortiz.
El máximo tribunal señaló que García Ortiz tenía que haber consultado con el Consejo Fiscal si Delgado era compatible con ese puesto debido a que es pareja del exjuez Baltasar Garzón, quien dirige un despacho especializado en derechos humanos.
Otro golpe para el fiscal general fue que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decidió aceptar la querella de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales que presuntamente emitieron una nota de prensa en la que divulgaron el pacto que Amador propuso para evitar un juicio por defraudar a Hacienda. El tribunal analizará si los fiscales cometieron el delito de revelación de secretos y confidencialidad.
La representante del grupo parlamentario PP, autor de la moción originaria, la senadora María Asunción Mayo, detalló que la petición para remover al fiscal se centra en el cumplimiento del artículo 31.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, el cual señala que se puede recurrir al cese por «incumplimiento grave o reiterado, que en este caso es grave y reiterado», afirmó.
A criterio de este bloque legislativo, García Ortiz no cuenta con las competencias idóneas para su cargo. Esta no es la primera vez que ponen en duda sus capacidades, pues a principios de abril el fiscal general se negó, por segunda ocasión, a que el Consejo Fiscal elaborara un informe sobre la ley de amnistía que era reclamado por el Senado.
De acuerdo con García Ortiz, la institución carece de competencia para emitir informes sobre «proposiciones de leyes que hallen en tramitación en sede parlamentaria». Una respuesta que no es aceptada por el PP.
«Esto no es ningún ataque personal al señor García. Ya se desacredita él solito con sus acciones, la última ayer o la penúltima ya, y sus omisiones, como no informar a esta cámara sobre la amnistía, siguiendo la estela de descrédito institucional», señaló la senadora del grupo parlamentario PP María Fernández.
«Desde el Partido Popular creemos que es hora ya de recuperar el prestigio de las instituciones y exigimos que el Gobierno estudie y acuerde ya el cese.El Gobierno debe aprovechar para evaluar su propia idoneidad», agregó en su intervención.
«El nombramiento del señor García Ortiz como fiscal general del Estado desde un principio ha estado rodeado de polémica debido a los escándalos protagonizados, dañando así la imagen del Consejo Fiscal. Estamos viviendo una declaración institucional, una erosión del orden constitucional, una conducta del Gobierno contra el Poder Judicial y contra su independencia», opinó la senadora del partido Vox, Paloma Gómez Enríquez.
OTRO CASO
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pidió separar a los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que deben resolver si puede continuar en su cargo o no como respuesta a un recurso presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Ortiz cuestionó su objetividad en el caso. Medios españoles indican que son los mismos jueces que anularon el nombramiento de Dolores Delgado.
