Catorce comunidades de la zona norte del distrito de San Miguel han denunciado la extracción ilegal de arena y piedra del río Grande, de San Miguel, por parte de una empresa propiedad del exdiputado del FMLN Ricardo Bladimir González.
Miembros de las comunidades afectadas se reunieron ayer para protestar ante la extracción del material en el sector del cantón Agua Zarca, en la ciudad migueleña, que ha generado daño ambiental y la disminución del cauce del río.
Neftalí Blanco, líder comunitario, explicó que el problema ha persistido por aproximadamente cuatro años, pero se ha acrecentado este año, pues han pasado de sacar seis a 30 camionadas diarias.
«El río se lo están terminando; los daños son graves y corremos el riesgo de quedarnos sin agua en los pozos y mantos acuíferos. Las personas que iniciaron la extracción llevan cuatro años, pero ahora lo hacen al triple, y ya vimos los resultados con el tema del agua; hemos tenido una gran disminución», mencionó Blanco.
Según la comunidad, el exdiputado se adueñó de una propiedad aledaña al río para la extracción y, aparentemente, cuenta con un permiso, a pesar de que el Juzgado Ambiental decretó la prohibición por tiempo indefinido para extraer material en dicho sector.
«Las afectadas somos varias comunidades: Mayucaquín, Agua Zarca, Las Violetas, La confianza; todas las comunidades están siendo afectadas. La gente no puede lavar, los niños ya no se pueden bañar», mencionó Rosa Chicas, miembro de una de las comunidades. En el sector se encuentran entre 5,000 y 6,000 familias afectadas por la extracción de material.
Al lugar se presentó el exdiputado González con la copia del permiso para la actividad; sin embargo, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) solicitaron la documentación original, a lo que González manifestó que regresaría con el escrito. Según habitantes del sector, hasta el cierre de la nota, el exfuncionario no volvió al lugar para presentar la documentación original.
Los camiones que llegaron ayer por la mañana a cargar material fueron desalojados por agentes de la PNC, quienes también ordenaron parar las actividades de la maquinaria en el interior del afluente. Asimismo, verificaron que dos de los conductores no presentaban su licencia pesada para manejar los vehículos; mientras que uno más fue detenido por asociación con pandillas.
Las comunidades pidieron al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que tome medidas ante la problemática que se ha generado desde hace varios años.
