Regina Cañas o la «Tía Bubu» fue condenada por el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador a tres años de cárcel, pero se le ha reemplazado por trabajo de utilidad pública.
La jueza ha determinado que el trabajo de utilidad pública lo deberá realizar de acorde a su profesión, según ha confirmado la fiscal del caso.
En una audiencia especial de procedimiento abreviado realizada el pasado viernes y cuya resolución se dio a conocer este martes, Cañas confesó ante la jueza interina la corrupción en la que incurrió durante el mandato presidencial de Mauricio Funes, entre los años 2009 al 2014.
La Tía Bubu a través de sus abogados negoció con la Fiscalía General de la República devolver al Estado $95,000, esa fue la principal condición que le pusieron para proponerle al juzgado que se le aplicara el procedimiento abreviado.
Ese mecanismo legal regulado en el Código Procesal Penal determina que un imputado señalado por la Fiscalía de un delito, debe admitir los hechos a cambio de reducirle la pena. Cañas, quien es una de las 32 personas incluidas en el caso «Saqueo Público», ha sido condenada por el delito de casos especiales de encubrimiento de lavado de dinero.
Según la acusación Regina Cañas, quien fue la segunda esposa de Mauricio Funes, prófugo y asilado en Nicaragua, admitió que simuló la recepción de un préstamo de parte de Luis Antonio Flores Mancía, el Ministerio Público dice que de ese contrato no encontraros registros.
La Tía Bubu y Mauricio Funes simularon que los $95,000 eran lícitos, ese dinero fue utilizado por el hijo de ambos, Diego, para la compra de ocho vehículos y una motocicleta.
«Saqueo Público»
La Fiscalía dice que una estructura de 32 personas supuestamente sustrajo $351,035,400, millones de fondos públicos durante la gestión de Funes.
Este caso fue el primero que la Fiscalía llevó a los tribunales. El ministerio público señala que Funes junto a sus más cercanos colaboradores, presuntamente creo una compleja red para extraer de Casa Presidencial los millones de dólares, conducta que llevó a presentar cargos de lavado de dinero, peculado, casos especiales de lavado de dinero y activos, así como casos especiales del delito de encubrimiento.
Según la acusación fiscal, Funes y los demás procesados utilizaron supuestamente varias modalidades para sustraer los fondos durante su administración. En las pesquisas detectaron que hubo compra de vehículos, adquisición de inmuebles a través de testaferros, viajes de turismo a por lo menos 20 países, entrega de dinero a personas allegadas, construcción y remodelación de inmuebles, transferencia de dinero a personas legales y jurídicas y compra de artículos de lujo.
Entre el 7 y 8 de junio del 2018, solo seis personas lograron ser capturadas en el operativo, han pasado más de dos años y medio y al menos 20 implicados siguen prófugos de la justicia.
