El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, inició el proceso penal a una estructura de 10 personas, que durante dos años estuvo explotando sexualmente a mujeres en la Avenida Independencia.
La Fiscalía General de la República, los acusa de trata de personas agravada en modalidad de explotación sexual, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, delitos documentados con pruebas que el tribunal ha revisado durante la audiencia de imposición de medidas.
En las pesquisas, el ministerio público determinó que la red era dirigida por Amanda Del Carmen Cárcamo Barrera, quien junto a los demás acusados tenían funciones específicas para delinquir como una organización de crimen organizado.
Cárcamo Barrera se dedicaba a la venta de bebidas alcohólicas y prostitución; otros cinco miembros administraban los negocios y captaban mujeres para obligarlas a prostituirse, entre ellos figura su hija, Jacqueline Elizabeth Rivera Cárcamo, así como Oscar Mauricio Estrada García, Ana Patricia Ramírez, Jocelyn Carolina López Ramírez y Cecia Jacoby Vásquez Ramírez.
En la ejecución de la trata de personas había una delegada para reclutar a las víctimas en los parques de San Salvador, ella era Jessica Suyapa Hernández Chacón, quien abordaba a las mujeres y luego de engañarlas, las coaccionaba, amenazaba y obligaba a prostituirse, según han declarado las víctimas en entrevistas rendidas ante la Fiscalía.
La vigilancia para que las víctimas no escaparan estaba a cargo de Mélida Martínez Mayén y el taxista, Henri Francisco Martínez Deleón, las transportaba para que visitaran a sus familias y evitar que pidieran ayuda o escaparan, mientras que Marcos Rivera Alfaro es señalado de actividades varias con la función de colaborador.
Una de las víctimas fue interceptada por la red en mayo de 2024 en un parque de San Salvador cuando estaba con su hijo, le ofrecieron trabajo de limpieza en viviendas.
Tras aceptar el empleo la llevaron a un negocio y al ser separada de su hijo, le dijeron que cuidarían de él. Tras entregarle ropa la obligaron a recibir clientes y brindarles servicios sexuales.
La víctima nunca recibió ningún tipo de pago y durante seis meses no vio a su hijo. Ante el maltrato y explotación, la mujer se enfermó y acudió a una clínica para ser atendida, en ese lugar contó lo que estaba pasando para que le ayudaran.
Cuando regresó al centro nocturno un pariente la encontró y le ayudó a escapar de los miembros de la red, inmediatamente interpuso la denuncia para recuperar a su hijo.
