El Salvador ahora es conocido como el país más seguro del hemisferio occidental luego de la exitosa implementación del Plan Control Territorial, la política de seguridad del presidente Nayib Bukele. Uno de los elementos menos evidentes en el éxito de este plan de seguridad tiene que ver con la transformación del sistema judicial salvadoreño.
En sus primeros meses de Gobierno, los esfuerzos de las fuerzas de seguridad se veían truncados por jueces que se dedicaban a liberar a los criminales.
Se amparaban en falsas premisas o en distorsionados preceptos legales para justificar dejar en libertad a criminales violentos, asesinos comprobados, violadores recurrentes y extorsionistas implacables.
Fue necesaria la sustitución del fiscal general y de la cúpula del Órgano Judicial para recuperar un sistema controlado por políticos corruptos y ponerlo al servicio del pueblo salvadoreño.
Este fue uno de los pasos más importantes para combatir la criminalidad en El Salvador. No es algo que se hubiera podido haber saltado, sino que era un paso intrínseco para tener un país más seguro.
En todas partes del mundo vemos que los jueces pueden llegar a ejercer un poder más allá de la esfera a la que la sociedad les ha encomendado. Algunos incluso han llegado a intervenir en la política de otros países, pero lo más común es que en sus naciones puedan incluso controlar a todo el Estado.
A través del «lawfare» o guerra jurídica (que no es más que la instrumentalización de la justicia, judicialización de la política o acoso judicial) se hace un uso abusivo o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente.
Esto fue lo que le sucedió al presidente Bukele cuando la anterior Sala de lo Constitucional canceló al partido con el que iba a participar originalmente en las elecciones presidenciales de 2019.
De igual forma, esos magistrados también boicoteaban el trabajo del Gobierno actuando de manera coordinada con la oposición, que en ese momento controlaba la Asamblea Legislativa, la cual los había puesto al frente del Órgano Judicial. En Estados Unidos vemos que algunos jueces están frenando al presidente Donald Trump para que no pueda sacar de su país a criminales violentos o que pueda reestructurar el Gobierno para hacerlo más eficiente.
Esa es la expresión de la resistencia al cambio. Es el viejo sistema corrupto defendiéndose a sí mismo y a los delincuentes.
