Los salvadoreños residentes en el exterior y que desean retornar a su país tienen luz verde para poder ingresar bienes muebles y de trabajo libres de impuesto, tras entrar en vigencia la norma especial que da ese derecho tributario y otros beneficios a los compatriotas.
La Ley Especial de Beneficios y Protección para la Diáspora y Personas en Movilidad Humana -aprobada por el congreso el 8 de agosto pasado- está en vigor desde el 19 de agosto último, tras su publicación en el Diario Oficial el anterior 11 de agosto.
Dicha normativa forma parte de la política de protección y refleja el nivel de importancia que tiene la diáspora para el Gobierno del presidente Nayib Bukele, un segmento olvidado por los gobiernos areneros y efemelenistas que únicamente la veían como generadora de remesas y usaban para votos en comicios presidenciales, municipales y legislativos.
El objeto de la normativa es regular los incentivos económicos y sociales para la atracción, promoción y protección de la diáspora salvadoreña, así como crear la institucionalidad que desarrolle e implemente las políticas públicas y acciones orientadas a la movilidad humana.
La nueva legislación crea incentivos fiscales para los salvadoreños viviendo en el extranjero y con el deseo de retornar al país, aplicables al menaje de casa, vehículos automotores e implementos de trabajo.
Así, la ley incorpora la exención de impuestos hasta por $100,000 en enseres del hogar por grupo familiar, aplicándolo una sola vez por persona beneficiaria. Además, otorga la exención de impuestos para dos vehículos livianos por grupo familiar, en buen estado, medida que aplica a vehículos de trabajo adaptados a actividades productivas.
También da a la diáspora exención de impuestos hasta por $100,000 en herramientas, equipos e insumos necesarios para oficios o emprendimientos. Esta gracia fiscal no incluye armas, bienes para consumo personal o de empresas relacionadas.
La normativa desarrolla además la promoción de inversiones de la diáspora, a través de mecanismos financieros accesibles y permite la reintegración laboral y social de las personas retornadas, con incentivos para empleadores.
Además, se incluyó en el articulado acciones para el fortalecimiento de la protección consular y servicios en el exterior, la implementación de programas de movilidad laboral internacional, la asistencia humanitaria en casos de vulnerabilidad, fallecimiento o desaparición, y la coordinacion interinstitucional nacional liderada por Cancillería.
Entre otros aspectos, la ley apuesta por facilitar la institucionalidad y la articulación de esfuerzos mediante un mecanismo de trabajo gubernamental, incluyendo la gestión de la cooperación internacional.
