Más de $5 millones suman las demandas por enriquecimiento ilícito que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado en lo que va de 2024 ante distintas cámaras contra cinco exfuncionarios de los dos gobiernos del FMLN y un exdiputado de ese partido político.
De acuerdo con datos del ministerio público, las demandas presentadas en lo que va de este año ascienden a $5,298,715.02.
Las acusaciones se enmarcan en la guerra contra la corrupción que el presidente Nayib Bukele anunció el 1.º de junio de 2023, cuando señaló la importancia de atacar ese flagelo en todos los niveles y destacó que, gracias a las reformas aprobadas por la pasada Asamblea Legislativa, los delitos de corrupción no prescriben, ya que no importa cuando se han cometido.
«Declaramos la guerra contra la corrupción. Así como actuamos contra los pandilleros actuaremos contra los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. No importa si robó hace uno, cinco o 30 años, porque les recuerdo que los delitos de corrupción ya no prescriben», afirmó el gobernante en esa oportunidad. Estos son los cinco acusados por la Fiscalía en lo que va de este año.
FRANCISCO CÁCERES
Una de las cantidades más grandes que la FGR pretende que se reintegre al Estado son $3,892,095.46, fortuna con la que el ex secretario privado de la presidencia Francisco José Cáceres Zaldaña y su grupo familiar se habrían enriquecido ilícitamente.
El exfuncionario ocupó dicho cargo durante la gestión de Mauricio Funes entre 2009 y 2014. El caso se presentó en mayo ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla, donde se le reclama el monto de $3,541,407.87 por 44 irregularidades en depósitos en efectivo y en cheques de cuentas de ahorro por pagos de préstamos y de tarjetas de crédito.
La demanda incluye a su cónyuge, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, a quien le señalan 11 inconsistencias en depósitos en cuenta de ahorro, la adquisición de vehículos y de inmuebles por un monto de $346,553.85; y a su hija, Mariana Cáceres Flores, se le ha observado una irregularidad en depósitos a cuenta corriente por $6,133.74.
El ministerio público informó que el proceso civil se basa en el informe de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó este año un juicio civil contra el exfuncionario por las irregularidades presentadas en sus declaraciones patrimoniales.
NAPOLEÓN DUARTE
El segundo monto más alto demandado es $572,015.22 y se le reclama al exministro de Turismo Napoleón Duarte y su grupo familiar. Duarte Durán fungió como ministro de Turismo, director del Concejo Salvadoreño del Café y presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur), cargos que desempeñó entre 2009 y 2019.
El reporte fiscal indica que al exfuncionario se le reclama el monto de $126,083.98 por 21 irregularidades que no justificó en depósitos bancarios, pago de tarjetas de créditos y diferencias entre los ingresos y los egresos.
En cuanto a su esposa, María Cristina Benítez de Duarte, se le demanda por $79,344.53, producto de cuatro irregularidades relacionadas con depósitos a plazo, adquisición de vehículo y diferencia negativa en sus gastos e ingresos.
En lo que respecta a su hijo, José Napoleón, responderá civilmente por 23 irregularidades equivalentes a $218,904.74. También, su hija, María Cristina, enfrenta la demanda por nueve irregularidades que no justificó y suman $64,919.42.
Y su otro hijo, Juan Carlos, está demandado por 15 irregularidades por $82,762.55. Los hijos del demandado no justificaron compras de automóviles, pagos de tarjetas de créditos y depósitos bancarios.
EXDIPUTADO GUILLERMO MATA BENNETT
El exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennett y sus dos hijos fueron demandados ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla porque no justificaron su incremento patrimonial de $271,314.65.
El demandado fungió como diputado durante dos períodos, entre el 1.º de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2015, y del 1.º de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018; en ambos períodos se le señalan inconsistencias por $13,270.
Mientras que a sus hijos Guillermo Eduardo Mata Mayorga se le reclaman $251,675.80 y a Jorge Alberto Mata Mayorga se le cuestiona la cantidad de $6,357.85. Según las investigaciones, el exfuncionario y sus hijos no desvanecieron 15 irregularidades relacionadas con depósitos bancarios en efectivo, la compra de vehículos y el pago de créditos hipotecarios.
JAIME MIRANDA FLAMENCO
Otro funcionario demandado es Jaime Alfredo Miranda Flamenco, quien ejerció por 10 años diferentes cargos públicos, entre estos, el de ministro de Relaciones Exteriores. La Fiscalía notificó que el reclamo civil suma $283,733.89.
El escrito fue presentado por fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla. Al exfuncionario de los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén —junio de 2009 a mayo de 2019— se le reclaman $219,894.63 por irregularidades en depósitos bancarios, pago de deuda y diferencia entre los ingresos y las deudas. Miranda Flamenco fungió como viceministro de Cooperación para el Desarrollo, entre 2009 y 2013 y de 2014 a 2018.
También se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores entre 2013 y 2014, y fue viceministro de Integración y Promoción Económica de 2018 a 2019. La demanda incluye a su cónyuge, Alicia del Carmen Medina, a quien se le señalan irregularidades por $63,839.26.
ALEXÁNDER ERNESTO SEGOVIA CÁCERES
El pasado 6 de junio, la Fiscalía presentó ante la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro, en San Salvador, la demanda civil contra Alexánder Ernesto Segovia Cáceres y su grupo familiar por enriquecimiento ilícito.
Segovia fue secretario técnico de la presidencia en la gestión de Funes. La institución fiscal solicita que se reintegre al Estado $279,555.80 y su inhabilitación por 10 años para ejercer cargos públicos. Además del exsecretario, la Fiscalía ha demandado a su hija, Elisa María Segovia Jiménez, y a su excónyuge Ana María Jiménez de Segovia por no desvanecer 19 irregularidades de su patrimonio familiar.
El fiscal explicó que los demandados no justificaron varios depósitos en cuentas bancarias, compras de vehículos, la compraventa de inmuebles, entre otros. En el escrito solicitó que Segovia Cáceres restituya al erario $173,702.27; Jiménez de Segovia debe reintegrar $54,328.33 y su hija responderá por $51,525.20.