Los $200 millones que el Gobierno del presidente Nayib Bukele entregó a las alcaldías para que enfrentaran la pandemia, el año pasado, nunca fueron auditados por la Corte de Cuentas ni los funcionarios salientes rindieron informes de la forma en que utilizaron estos fondos.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, aseguró a los diputados de la comisión de hacienda que desde esa cartera se pidió, en diversas oportunidades, que los exalcaldes explicaran cómo habían usado esos $200 millones durante la emergencia sanitaria.
Zelaya recordó que el 75 % de los fondos utilizados con urgencia por el Gobierno para enfrentar la pandemia ha sido totalmente auditado por la Corte de Cuentas, pero la contraloría no aplicó esa exhaustividad con las municipalidades dirigidas por la oposición; al contrario, los representantes de ARENA y del FMLN y sus aliados perdieron las elecciones y se fueron sin responder cómo usaron ese dinero.
El Gobierno pudo, a pesar del bloqueo que mantenían ARENA y el FMLN en la vieja Asamblea Legislativa, enfrentar la pandemia, preparar la red de hospitales —no solo para evitar su colapso, sino que también la expandió— y atender otras necesidades de la población, como la alimentación, debido al cierre de fuentes de trabajo durante la cuarentena. Y todo eso fue auditado.
Ante el bloqueo parlamentario y desde la Sala de lo Constitucional, que prohibió los cordones sanitarios y frenó la potestad de enviar a confinamiento a la población porque prefirió conservar las ganancias de sus financistas y no la vida de los salvadoreños, el Ejecutivo movió recursos de varios ministerios para construir el Hospital El Salvador, que ahora es un referente internacional por el excelente manejo de la COVID-19; además, alberga el megacentro de vacunación, donde solo en la jornada de este lunes fueron aplicadas más de 23,000 dosis contra el coronavirus.
Lo que el Gobierno hizo con los fondos durante la emergencia debido a la rápida expansión del virus está a la vista, con el Hospital El Salvador como estandarte, pero también con la reconstrucción y el equipamiento de otros hospitales y unidades de salud, además de las efectivas negociaciones con las farmacéuticas y la Organización Mundial de la Salud para garantizar la llegada de suficientes dosis para inmunizar a los 4.5 millones de ciudadanos que conforman la población meta.
Sin embargo, lo que hicieron los alcaldes derrotados en las urnas por los ciudadanos sigue siendo un misterio. Ahí la transparencia no cuenta para los autodenominados «incómodos»; sin embargo, al tratarse de fondos públicos es una obligación que rindan cuentas o que enfrenten la responsabilidad por el mal manejo de esos recursos.
