El Salvador sufre desde los Acuerdos de Paz una transformación de violencia, posguerra, que ve su crecimiento junto con el fenómeno pandilleril. En los gobiernos de ARENA y del FMLN, en vez de erradicar la delincuencia, la aumentaron.
Las políticas de seguridad por 30 años no fueron las idóneas, no se hicieron esfuerzos por combatir las causas generadoras de delincuentes, no se invirtió en educación ni en políticas adecuadas para sacar a niños y jóvenes en riesgo; al contrario, la situación de precariedad en que crecían fue un caldo de cultivo que permitió a las pandillas expandirse y lograr el manejo territorial de algunos sectores que actualmente parecen pequeños gobiernos ilegales que controlan ciertos territorios, en los que cobran sus propios impuestos, las mal llamadas rentas, delito de extorsión, siendo esta la premisa del legado de violencia heredado por ARENA y el FMLN.
En febrero de 2020, la oposición del Gobierno de Bukele, liderada por los partidos ARENA, FMLN, PCN y PDC, obstaculizó la aprobación de $109 millones para la seguridad pública, desde ahí se dio una serie de obstáculos contra el Gobierno de nuestra tierra El Salvador. Diputados opositores se la pasaron interpelando por cualquier cosa a los funcionarios del Ejecutivo, descuidando el trabajo legislativo y los problemas prioritarios a resolver. Eso ocasionó un gran rechazo de la sociedad, que les pasó factura el 28 de febrero de 2021.
Pese a la lucha contra estos malos salvadoreños, el Gobierno ha implementado su plan y ha tenido efectos positivos, como los siguientes:
Reducción de homicidios, que llegaron a 1,322 asesinatos en 2020, mientras que 2019 las cifras fueron de 2,398.
En 2020 hubo 30 días sin homicidios, estos fueron intercalados, pero es una muestra de que la situación se empezó a controlar.
Según la memoria de labores de la PNC, solo en 2020 se desarticularon 215 clicas y fueron detenidos 5,019 pandilleros.
En 2020 también se combatió la narcoactividad y se incautaron 1,283.30 kilogramos de diferentes drogas, valoradas en $7. 4 millones.
En 2020 se incautaron 3,260 armas de fuego.
De lo antes expuesto puedo decir que hay buenos frutos de la aplicación del Plan Control Territorial; sin embargo, existen pequeños grupos que en el pasado manipulaban las acciones del Ejecutivo, porque para ellos la violencia que vivía el país era un negocio, y esa puede ser una de las razones por las que se oponen a estas mejorías y por sus posturas opositoras e ideológicas de manipulación no aceptan todo esfuerzo positivo que el Gobierno ejecuta en favor de las grandes mayorías.
Algunos medios de comunicación ligados a poderes fácticos, acostumbrados a controlar con opiniones falsas a nuestra gente, siguen intentando desprestigiar al Gobierno del presidente Nayib Bukele; sin embargo, los cambios son latentes y el rumbo al desarrollo nadie lo podrá detener. Dios nos bendice.