El 30 de septiembre de 2021, para dar cumplimiento a la Constitución de la República en el artículo 167, ordinal tercero, que estipula que le corresponde al consejo de ministros elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y presentar a la Asamblea Legislativa, por lo menos tres meses antes de que inicie el nuevo ejercicio fiscal y de las reformas a dicho presupuesto, el ministro de Hacienda, con su equipo de trabajo, fue recibido por el presidente de la Asamblea Legislativa y los diputados de la comisión de hacienda y especial del presupuesto en un ambiente de cordialidad, sin ninguna hostilidad, como en años anteriores, y con los mensajes de ambas partes de que será aprobado dentro de tiempo.
Ha sido de mucha satisfacción, en lo personal, poder conocer que se trata de un proyecto de presupuesto que prioriza la salud, educación y seguridad con un monto total de $7,967 millones, que representan $514 millones más que en 2021, con un incremento porcentual del 7 %, las tres áreas antes mencionadas suman $3,443.8 millones, que equivalen al 43 % del total del anteproyecto.
En las áreas de mi principal interés, como son la seguridad y defensa, me alegra y apoyo que los incrementos salariales, bonos, régimen alimenticio, nuevas plazas, escalafones de policías y miembros de la Fuerza Armada están cubiertos e incluidos, tanto personal operativo como administrativo. Esto garantiza que el personal de primera línea de la seguridad no tendrá retrasos en sus ingresos, y que su esfuerzo y sacrificio será honrado entre el 19 y el 23 de cada mes, como ha sido en 28 meses de la actual administración. Ya que el presupuesto solicitado es de $890 millones, que representan un incremento de 3.9 %, equivalente a $33.8 millones, sería el 11.2 % del presupuesto total y un aproximado de 3.1% del producto interno bruto.
De igual forma, luego de 30 meses de gestión del Gobierno llegarán los fondos para las fases II y III de la estrategia Plan Control Territorial, que representan, en el caso de la fase II, Oportunidades, la más grande inversión social en 200 años de república, no solo incluyo los centros urbanos de bienestar y oportunidades (CUBO), que serán 35 dentro de la planificación, sino servicios básicos asistenciales, carreteras, caminos, reparaciones de escuelas y unidades de salud entre los principales.
La fase III, Modernización, permitirá que la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y Centros Penales puedan hacer compras, renovaciones y adquisiciones de equipos, accesorios, tecnología, «software» todo de primera generación, y otros, que están disponibles en la industria de la seguridad y la defensa.
El nuevo componente ausente en 200 años de república es la atención a la primera infancia, asignando un presupuesto de $321 millones que forma parte de la política Crecer Juntos, que es educación, salud, bienestar y desarrollo para la niñez y mujeres embarazadas.
Queda pendiente el análisis del sector justicia, en donde el prepuesto para la Fiscalía General de la República, que forma parte del ministerio público, y el del Instituto de Medicina Legal (IML), que forma parte de la Corte Suprema de Justicia, y a la Corte, por Constitución, les corresponderá el 6 % del total del presupuesto, es decir, aumento, pero que el IML no resulta favorecido ni se les asignan refuerzos importantes a sus partidas deudas de las cortes plenas desde su fundación.
Ahora el proyecto de presupuesto queda en poder de la Asamblea Legislativa; recomiendo que no se escuche solo a los funcionarios del Estado, sino a diferentes actores de la sociedad. Y a la fracción legislativa de Nuevas Ideas es ahora, ya no existe ningún pretexto para que no apoye el anteproyecto y que las instituciones de seguridad, justicia, defensa y prevención reciban los fondos solicitados.
