Uno de los sectores más protegidos por la vieja clase política ha sido el del transporte público de pasajeros, poseedor de una enorme lista de violaciones a las leyes —incluyendo el maltrato al usuario y la casi nula inversión en la modernización de las unidades— y destinatario de ingentes recursos del Estado por medio de subsidios y transferencias irregulares.
Aunque los sucesivos gobiernos de ARENA y del FMLN gastaron millones de dólares de los contribuyentes para pagar la «compensación» a los «empresarios del transporte», estos fondos nunca fueron utilizados para mejorar el servicio; al contrario, sirvieron como un mecanismo más de saqueo de la hacienda pública. La corrupción imperante permitía cobrar el subsidio a inescrupulosos que ni siquiera ponían a trabajar sus buses o microbuses. Bastaba tener una placa del transporte público de pasajeros y esperar, mes a mes, el depósito puntual de sus amigos en el Gobierno.
La atomización del sector, donde cada unidad era propiedad de una persona distinta, aumentaba el desorden y propiciaba aún más la corrupción. En lugar de crear cooperativas y empresas responsables, las rutas de buses y microbuses se llenaron de oportunistas que fueron desplazando poco a poco a los empresarios con verdadera vocación de servicio a los ciudadanos.
También se dio el caso de que rutas de buses y microbuses fueron tomadas por las pandillas para utilizarlas para lavar el dinero proveniente del crimen organizado, ya sea de drogas, extorsiones o robos.
Los viejos políticos de ARENA, el FMLN y sus aliados también se convirtieron en «empresarios» y empezaron a defender al «gremio», como sucedía en la legislatura pasada con un diputado del Frente que presidía la comisión de transporte y era, mediante familiares y prestanombres, propietario de buses en la zona occidental.
La práctica común de los dueños de buses es que cuando —las raras veces que sucedía— había interés en reformar las leyes para exigir los buenos tratos de los usuarios y la modernización de las unidades, bastaban un par de amenazas para hacer retroceder a los pusilánimes políticos. Lo mismo quieren hacer ahora, pero con la gran diferencia de que no tendrán eco en la nueva Asamblea Legislativa.
Hay un enorme compromiso para dignificar el transporte público, para que los salvadoreños puedan transportarse de forma decorosa hacia sus trabajos, sin tener que viajar en buses con décadas de antigüedad y sin ningún mantenimiento. La transformación del transporte público es una urgencia, y poco a poco seremos testigos de cómo se resuelve.
