Ciudadanía estadounidense y la entrega de $1 millón habrían sido parte de las negociaciones principales que dos diputados de Nuevas Ideas sostuvieron con el operador político conocido como Roy García, y por las que ahora la Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de cohecho impropio.
Este detalle se conoció con la instalación, ayer, de la comisión especial de antejuicio creada el 17 de noviembre por la Asamblea Legislativa contra los diputados José Ilofio García y Gerardo Balmore Aguilar.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, llevó los dos requerimientos con el legajo de pruebas que confirman que tanto Aguilar como García aceptaron obrar diferente a su mandato constitucional si recibían la ciudadanía estadounidense y una suma de dinero que podría llegar hasta $1 millón.
Según se consignó en el requerimiento, seis personas estuvieron en la reunión de negociación: los dos legisladores, Roy García y otros tres sujetos, quienes se escuchan en el audio —en poder de la FGR—, pero que no pudieron ser identificados por el reconocimiento de voz.
«Las pruebas que nos ha entregado la Fiscalía podrían indiciar que los diputados buscaban beneficios propios por encima del interés colectivo», señaló la diputada Ana Figueroa, una de las fiscales en el proceso de antejuicio.
El proceso investigativo de la FGR incluyó un análisis de las voces en el audio obtenido que, al compararse con el registro vocal que la Asamblea Legislativa tiene de José García, coincidió en un 99.06 %. Para Roy García, el porcentaje de exactitud fue del 99.99 %.
La comisión especial acordó ayer nombrar al abogado Carlos Rodezno como notificador. Él forma parte de la Unidad de Asesoría Técnica de la Asamblea Legislativa.
Rodezno será quien haga llegar a ambos diputados la notificación del proceso que se desarrolla en su contra, y deberán decidir si hacen su propia defensa o nombran a abogados.
Los dos legisladores tendrán 72 horas hábiles para informar la decisión que tomen; de no hacerlo, será la Asamblea en pleno la que asigne a los defensores.
«Nosotros, como parte fiscal dentro de la comisión, vamos a analizar las pruebas dadas por la FGR para desarrollar nuestro trabajo», acotó el diputado Salvador Chacón, quien es el segundo fiscal.
El delito de cohecho impropio imputado a ambos diputados cian se tipifica en el artículo 331 del Código Penal, que lo sanciona con pena carcelaria de dos a cuatro años y la inhabilitación del cargo por el mismo tiempo de pena.
