El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, efectuó una audiencia especial para nombrar peritos que realizarán tres auditorías patrimoniales en el proceso penal contra 10 exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes que supuestamente se favorecieron al recibir sobresueldos durante la administración del exmandatario en el periodo 2009-2014.
La diligencia fue solicitada por la Fiscalía General de la República como parte de la etapa de investigación y las pericias pretenden establecer los diversos montos que recibieron como complementos salariales, mejor conocidos como sobresueldos.
«Esta diligencia es parte de los elementos que se están retomando en la etapa de instrucción, los imputados en este caso son 10, cinco presentes y cinco ausentes, este caso públicamente es conocido como caso Desfalco, las personas vinculadas son exfuncionarios del período presidencial 2009-2014, en la época del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena», explicó una fiscal.
Defensores y fiscales han propuesto los puntos de las tres pericias que desarrollarán los expertos y que servirán como prueba a incorporar en la investigación final que culminará con la audiencia preliminar donde el juzgado definirá si envía no a vista pública el expediente.
El 28 de julio del año 2021, el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, ordenó enviar a la cárcel por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito a la exministra de Salud, Violeta Menjívar y la exviceministra de Tecnología, Erlinda Handal Vega, presas en Cárcel de Mujeres, mientras que en el sector nueve de Mariona guardan detención el exministro de Hacienda, Carlos Enrique Cáceres Chávez y el exministro de Trabajo, Calixto Mejía Hernández; mientras que el ex viceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Alexander Flores Hidalgo, salió meses después con medidas alternas.
En esta causa penal son prófugos, Salvador Sánchez Cerén, en su carácter de ex vicepresidente de la República; Manuel Orlando Quinteros Aguilar, exministro de Obras Públicas; Lina Dolores Pohl, exministra de Medio Ambiente; José Guillermo López Suarez, exministro de Agricultura y José Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública.
El proceso surgió del caso «Saqueo Público», cuando la Asamblea Legislativa aprobó la cantidad de US$80.8 millones para 5 años, y que al final terminó siendo de $351 millones de dólares transferidos de fondos que realizó el Ministro de Hacienda, sin la debida autorización de la Asamblea Legislativa.
