En El Salvador, las víctimas han sido históricamente olvidadas y marginadas de la atención y la reparación integral por parte del Estado y el acompañamiento integral de las organizaciones nacionales e internacionales que dicen promulgar y defender los derechos humanos, y que recientemente criticaron la implementación del régimen de excepción y las medidas de seguridad adoptadas en las cárceles ante el repunte de los homicidios provocado por las pandillas entre el viernes 25 y el sábado 26 de marzo de 2022.
Sin embargo, esas organizaciones no ofrecieron —al menos públicamente— la mínima colaboración para la atención y el acompañamiento de las víctimas. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa el 29 de marzo pasado para mostrarse en contra de las medidas.
El presidente de la república, Nayib Bukele, reaccionó en redes sociales para reprochar las críticas de la CIDH, y a la vez señaló que esa instancia internacional no condenó el repunte de homicidios y tampoco se solidarizó con las víctimas de las pandillas. «Ya salió la CIDH a defender a los pandilleros, pero ni una sola palabra sobre las víctimas de estos asesinos. Queda claro de qué lado está», escribió el mandatario en Twitter.
La CIDH también dijo en su comunicado que le preocupaba que el presidente Bukele decretara emergencia máxima en las cárceles y el encierro de los reclusos por 24 horas luego del incremento de homicidios. En reacción, el mandatario pidió que el pueblo salvadoreño recuerde que «cuando los pandilleros asesinaron a decenas de personas inocentes, la CIDH no dijo ni una sola palabra», pero que «no tardó ni un día en condenar» el endurecimiento de las medidas en las cárceles.
No es la primera vez que esta organización critica las decisiones tomadas por la administración de Nayib Bukele. Anteriormente fustigó las medidas adoptadas durante la cuarentena domiciliar obligatoria por la pandemia de la COVID-19.
El fenómeno de las pandillas que combate el Gobierno inició cuando ARENA lideraba el Ejecutivo, según afirmó Rodolfo Cardenal, excatedrático de la UCA, en un video publicado recientemente en redes sociales.
«Este problema [las pandillas] lo generó ARENA con el neoliberalismo […]. Comenzaron a recortar el gasto y eso significaba retirarse de los territorios. El Estado se fue retirando de los territorios […] y el vacío lo fueron llenando las pandillas, y eso se volvió en un fenómeno de difícil manejo», consideró Cardenal.
El fenómeno continuó en los dos gobiernos del FMLN. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y las publicaciones periodísticas dan fe de que ARENA y el FMLN negociaron con las pandillas, pero que las víctimas no estuvieron al centro de los acuerdos, sino que solo se ofrecieron beneficios a estos grupos delincuenciales a cambio de apoyo electoral.
La FGR ya judicializó penalmente las negociaciones que miembros de ARENA, como Ernesto Muyshondt y Norman Quijano, y Arístides Valencia y Benito Lara, del FMLN, sostuvieron con estructuras terroristas a cambio de apoyo electoral, principalmente en 2014.
Previo al fenómeno de las maras, El Salvador sufrió 12 años de guerra que enfrentó al Estado con grupos insurgentes, situación que también generó miles de víctimas.
El 16 de enero de 1992, el Gobierno de Alfredo Cristiani, del partido ARENA, firmó los Acuerdos de Paz con la guerrilla —ahora partido FMLN—, decisión política que le puso fin al conflicto armado.
Sin embargo, el 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional concluyó —24 años después de la firma de los Acuerdos de Paz— que las víctimas de la guerra nunca fueron reparadas; por lo tanto, ordenó no solo la reparación, sino también el acceso a la verdad y a la justicia y brindar garantías de no repetición de los hechos.
La Sala de lo Constitucional mandató que la Asamblea Legislativa —que en ese entonces estaba dominada por ARENA y el FMLN, pues hacían mayoría— aprobara una ley que garantizara la reparación de las víctimas, pero, aunque fue aprobada, nunca concluyó el proceso de formación de ley y, por lo tanto, no entró en vigor.
La normativa sigue sin aval legislativo; no obstante, el presidente Bukele inició el 10 de diciembre de 2021 la reparación de las víctimas. Ese día anunció la inversión de $32.4 millones para reparar a las víctimas de El Mozote, en Meanguera, Morazán.
Como medidas, el mandatario también detalló que en El Mozote será construido un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO), una delegación policial, una clínica geriátrica, el sistema de aguas negras y el de iluminación.