El 9 de febrero del corriente año la empresa Fitch Ratings disminuyó la calificación de riesgo de largo plazo de El Salvador a CCC, es decir, a una condición de riesgo crediticio sustancial, debido a que posiblemente esa empresa considera que existe una alta posibilidad de que el Gobierno caiga en una situación de impago de deuda interna o externa, debido al alto déficit fiscal, a las limitaciones para un financiamiento en el mercado local o a un incierto financiamiento multilateral o del mercado externo.
La calificación de riesgo soberano del país viene disminuyendo, según esa empresa, desde 1996. En ese año inició el período de estancamiento económico del país (crecimiento inferior al 3.5 %), después de haber crecido significativamente en los primeros cinco años de la posguerra civil. Esta calificación mejoró durante los dos primeros años del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, pero luego la empresa Fitch Rating le dio la calificación de CCC (igual a la que le puso recientemente al Gobierno de Bukele), en el período del 10 de abril al 18 de julio de 2017, cuando el Gobierno de Sánchez Cerén no tuvo suficiente dinero para hacer un pago de la deuda externa que había vencido, situación que no ha pasado en la actualidad.
El estancamiento económico del país es causado por los términos de intercambio negativos (unidades del bien importado que se pueden adquirir mediante la exportación de una unidad producida en el país), el déficit creciente de la balanza comercial, el monopolio de tres de los factores de la producción nacional (capital, tierra y tecnología), la baja inversión privada y pública, así como el estancamiento de la productividad en la agricultura y la industria.
Los términos de intercambio negativos solo se pueden mejorar si pudiéramos tener una mayor injerencia en el establecimiento de los precios de nuestros productos de exportación, pero eso tiene que ser un esfuerzo de un grupo significativo de países productores de ese bien o servicio para influir en los precios del mercado internacional. El déficit de la balanza de pagos se puede disminuir restringiendo las importaciones suntuarias (innecesarias). El capital se encuentra monopolizado por la oligarquía moderna (grupo de empresarios que manejan de una a siete o más grandes empresas). El monopolio de la tierra existe, no obstante, la reforma agraria en 1981-1984, que afectó a los latifundios (fincas o haciendas de más de 250 hectáreas), pero se les confiscaron muy pocas tierras a los latifundistas (propietarios de 251 a 1,500 hectáreas en la actualidad). La tecnología es propiedad principalmente de empresas de países más desarrollados.
Tenemos que hacer un esfuerzo de desarrollo tecnológico regional siguiendo el camino del Consejo Superior Universitario Centroamericano y ampliando algunos proyectos del SICA (Sistema de la Integración Centroamericana). La baja inversión privada es consecuencia de la baja rentabilidad del capital en nuestro país que motiva a los grandes capitalistas a invertir en otros países, pero también a la inestabilidad política del país generada por el esfuerzo de liberarse de la dominación oligárquica (guerra civil, Gobierno de Elías Antonio Saca, Gobierno de Mauricio Funes, Gobierno de Nayib Bukele).
La baja inversión pública es una consecuencia de la baja carga tributaria a las personas que pueden pagar, el exceso de gastos gubernamentales innecesarios y el pago de la deuda pública. El estancamiento de la productividad es una consecuencia de la poca visión empresarial competitiva internacional de la mayor parte de los capitalistas salvadoreños.
