La Policía Nacional Civil reportó que hasta el martes por la noche se había logrado la captura de 14,068 pandilleros, fruto de los operativos conjuntos con la Fuerza Armada, amparados en las reformas legales y las medidas especiales contenidas en el régimen de excepción.
El trabajo coordinado de la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial —que implementó nuevos juzgados especializados para este tipo de criminales— mantendrá a la mayor parte de los delincuentes en prisión mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra. Es importante destacar esta medida porque gracias al régimen de excepción los cómplices de los pandilleros no pueden alegar leyes ambiguas para lograr la liberación de los integrantes de las estructuras delincuenciales, por lo que esperan el juicio tras las rejas.
Llegados a este punto, los más de 14,000 nuevos presos deben ser aislados de forma efectiva de la sociedad, por eso el Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para facilitar la construcción de cárceles en las cuales resguardar a estos criminales que sembraban zozobra en cantones, caseríos, colonias y barrios.
Los aliados políticos de los pandilleros se rasgaron las vestiduras cuando se anunciaron las potentes medidas que garantizan sacar de circulación a los delincuentes, alegando violación de derechos, cuando jamás se han expresado a favor de las víctimas de las pandillas.
Los órganos de propaganda de la oposición aliada de los pandilleros aseguraron que las reformas los perseguían, cuando lo único que se estableció es que no se puede hacer apología de los delitos que cometen estos criminales, por lo que no se puede exhibir la iconografía y los nombres de estas estructuras terroristas. Medidas similares incluso fueron incorporadas desde 2005 por un periódico y luego retomadas por los denominados «medios unidos» —diarios, televisoras y radios– para, precisamente, no exaltar a los criminales.
Ahora, en cambio, en lugar de acompañar el esfuerzo del Gobierno del presidente Nayib Bukele para garantizar la seguridad de la ciudadanía, se ponen del lado de los delincuentes y critican, sin ton ni son, todas las medidas en contra de las pandillas.
Uno de estos personajes, asiduo de las publicaciones digitales, incluso se declaró interlocutor de las pandillas, vivió un año con ellas y ahora, tras las reformas aprobadas, se declaró perseguido y huyó del país, como lo hicieron Norman Quijano, Mauricio Funes, Salvador Sánchez Cerén y tantos otros corruptos que evaden la justicia.
Ahora es momento de cerrar filas y garantizar la derrota del monstruo de la delincuencia, por el bien de El Salvador presente y futuro.
