A tiempo. Así ha completado los procesos de elecciones de magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del fiscal general de la república la Asamblea Legislativa.
Por antecedentes, los diputados negociaron cargos como el de los procuradores general y de Derechos Humanos, los magistrados de la CSJ y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El inciso decimonoveno del artículo 131 de la Constitución Política define claramente a qué funcionarios puede elegir la Asamblea Legislativa.
En la práctica, este proceso derivaba en negociaciones oscuras entre las principales fuerzas políticas, que para dar sus votos requerían de beneficios, privilegios e inmunidad.
Para 2019, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) pasó 25 días acéfala ante la falta de acuerdos de los diputados de las diferentes corrientes políticas.
El período de la entonces procuradora, Raquel Caballero de Guevara, finalizó el 21 de septiembre de 2019, y desde ese día la institución había quedado sin titular, ya que las negociaciones oscuras no tocaban puerto para elegir al sucesor.
Fue hasta el 16 de octubre del mismo año que con 56 votos se eligió a Apolonio Tobar al frente de la PDDH. Esa procuraduría ya tenía otro antecedente, y es que en 2016 en la Asamblea tampoco se alcanzaban acuerdos y se dejó que el período de David Morales se completara sin nombrar a su reemplazo, hasta que se acordó designar a Caballero de Guevara.
También en 2016, el Legislativo tuvo acéfalas la CSJ y el Consejo Nacional de la Judicatura, al no completar las elecciones de sus respectivos magistrados en el tiempo contemplado para hacerlo por mandato de ley.
Una similar situación también vivió la Procuraduría General de la República (PGR) en 2019, cuando el 1.º de mayo fue elegida Miriam Gerardine Aldana Revelo al frente de la institución.
Aldana Revelo fue electa el último día del período de Sonia Cortez de Madrid, sin afectar la continuidad de las actividades de la procuraduría.
La causa principal de la acefalía en estas instituciones radicó en el entrampamiento de las negociaciones, principalmente entre los partidos ARENA y FMLN, que eran las fuerzas políticas dominantes.
Una consecuencia directa es que, al no haber titular, muchos procesos se detienen o se hacen más lentos, afectando el funcionamiento operativo de cada entidad.
Por ejemplo, durante el proceso de elección de Apolonio Tobar, miembros del partido ARENA lo señalaron de tener vinculación con el FMLN, ya que fue parte de sus donantes financieros y, por lo tanto, incumplía un requisito de ley para ocupar el cargo.
La nueva Asamblea Legislativa completó en tiempo y forma la elección de los magistrados propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para los diferentes períodos en que se desempeñarán en sus puestos.
Lo hizo posible la correlación de votos obtenida en las urnas.
Además, ha elegido a los magistrados propietarios del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y solo tiene pendiente la designación de sus suplentes, sin afectar el trabajo de la institución.
Otro proceso de elección que ha completado el Legislativo ha sido el del fiscal general de la república, al elegir en diciembre pasado a Rodolfo Delgado.
Los diputados han destacado dos aspectos en estos nombramientos: uno, que las entrevistas han sido abiertas a la población y han garantizado el espacio y la transmisión de los diferentes medios de comunicación; y el segundo, que no ha sido la comisión política la que tomó la decisión de elegir a los funcionarios de segundo grado, sino que se consensó en el pleno legislativo, escuchando a todas las fracciones.
Anteriormente, la referida comisión emitía el dictamen favorable con un solo nombre para que el pleno solo votara, pero el nuevo mecanismo ha sido escuchar a todos los partidos y elegir sobre las ternas en análisis.
La comisión solo define el mecanismo de elección, pero es el pleno legislativo, con base en la lista de candidatos, el que decide a quien endosarle su apoyo, como lo establecen los procedimientos democráticos.
El proceso de elección más reciente que la Asamblea Legislativa completó sucedió el pasado martes, cuando eligió al nuevo presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) y al nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), sin afectar el funcionamiento de las instituciones.
