El artículo 29 de la Constitución salvadoreña define las causales para declarar el régimen de excepción en el territorio y salvaguardar la seguridad de la población.
Entre esas causales se mencionan las perturbaciones del orden público y se avala que se suspendan ciertas garantías constitucionales.
Sin embargo, a criterio del director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, el repunte de la violencia que se registró en marzo no forman parte de una causal para declarar régimen de excepción.
Según señaló Escobar, el repunte de la violencia no representa alteraciones graves al orden público y se apega más a la criminalidad común.
«A mi juicio, no representan graves alteraciones al orden público y es más criminalidad común», aseveró en el espacio de entrevista Las Cosas como Son.
También, a la opinión de Escobar se ha sumado la del rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Andreu Oliva.
Según Oliva, el Ejecutivo ya contaba con herramientas jurídicas para combatir el flagelo de las pandillas que afectaba a la población y no era necesario el régimen de excepción.
«Muchos abogados especialistas señalan que el Gobierno tiene las herramientas jurídicas para perseguir a las pandillas, a las organizaciones criminales», expresó.
Oliva mantiene un discurso similar al de Escobar y consideró que los asesinatos no representaban la alteración del orden público.
«Además, el estado de excepción es en caso de que haya graves alteraciones al orden público», manifestó.
La opinión de ambos difiere enormemente de las valoraciones de la población salvadoreña que ha visto como la actividad delincuencial ha disminuido.
En 35 días del régimen de excepción ha habido más de 20,000 pandilleros capturados y retirados de las calles donde delinquían.
La actividad comercial se ha fortalecido ya que muchas empresas no pagan la impuesta renta que los delincuentes cobraban para ingresar a las diferentes colonias, según la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
El 24 de abril, la Asamblea Legislativa prorrogó por 30 días más el régimen de excepción, y dotó de las herramientas necesarias a las instituciones de seguridad pública para combatir las pandillas.