Los estados fronterizos de Texas y Arizona continúan enviando a decenas de familias inmigrantes en situación irregular a Washington como protesta a lo que los gobernados consideran una nula acción del presidente Joe Biden para controlar los flujos migratorios y por temor a la cancelación del Título 42, un proceso que agiliza la expulsión de los extranjeros sin optar por el asilo.
Desde el 13 de abril, más de 1,500 inmigrantes que han realizado su recorrido desde Texas y Arizona -anexado hace dos semanas – han sido atendidos en Washington D.C., muy cerca de la Casa Blanca, por Caridades Católicas y el Centro de Recursos de Centroamericanos (CARECEN) en colaboración con organizaciones de voluntarios, siendo los único líderes que los esperan cada día para apoyarlos con comida, ropa, en algunos casos con dinero y orientación migratoria. También les patrocinan los boletos de avión si tienen familiares en otros estados.
Los automotores se estacionan con un promedio de 35 pasajeros en una parada en la estación de metro de Washington D.C., esperan a que todos bajen y regresan de inmediato.
El director de CARECEN, Abel Núñez, comentó a «Diario El Salvador» que los inmigrantes llevan un brazalete de identificación y otros incluso un teléfono inteligente para ser rastreados en cualquier momento.
Las familias se agotan luego de un largo trayecto, llegan con hambre y sin efectivo. La única garantía de no ser expulsados del territorio estadounidense es el Permiso de Permanencia Temporal conocido como «Parole» que les es asignado para 60 días mientras procesan su petición de asilo. Si este expira, las autoridades pueden proceder a la deportación.
Los organismos se organizan para recolectar los insumos necesarios y dar resguardo temporal a los que se trasladan hasta la capital, no existe ninguna comunicación con autoridades del Gobierno de Biden y los datos sobre el siguiente viaje los obtienen por medio de otras organizaciones que se encuentran en los lugares fronterizos.
Texas, gobernado por Greg Abbott, es más restrictivo, pues ninguna persona se puede bajar del autobús a menos que haya salido de su territorio. Tampoco cuentan con un equipo médico y les entregan comida empaquetada como a las que les dan a los soldados, detalló el director de CARECEN.
«No es como el gobernador de Texas se pronunció, que solo era de “agarrar a la gente y meterla en el bus”, él no tiene esa autoridad y las personas voluntariamente tienen que aceptar abordarlo. En las fronteras se encuentra organismo que los asesoran y les comunican que el bus es gratuito», comentó Núñez.
En el caso de Arizona, existe una mejor coordinación porque ellos notifican la hora de salida, de llegada, en qué lugar se estacionará el bus, número de personas, nacionalidades, edad y paradas en el camino anticipadamente y en cada autobús se traslada un equipo de salud y tienen una mejor alimentación, a criterio de los líderes inmigrantes.
El registro indica que 35 buses han sido enviados de Texas con inmigrantes de nacionalidades de Venezuela, Cuba y Nicaragua, Angola o de la República Demócrata del Congo. De Arizona han abordado 10 autobuses con personas originarias de Ecuador, Perú, Colombia y Haití.
Solo el 10 % de las familias se quedan en Washington y los que realizan el viaje es porque les queda más cerca de su destino final, de acuerdo con CARECEN. Ante esta necesidad, la entidad española de servicios médicos de urgencia y emergencia SAMU ya se encuentra en gestiones de permisos para abrir un refugio donde se puedan alojar las familias.
