Entre las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno, desde junio de 2021 a mayo de 2022, se encuentran diferentes planes operativos implementados en las fronteras terrestres del país.
Según la memoria de labores del ministerio de Seguridad, gracias a dichos operativos se ha logrado la detención de 302 personas acusadas por el delito de tráfico ilegal de personas.
El pasado 15 de junio, las autoridades capturaron a 36 delincuentes dedicados al tráfico ilegal de personas, quienes operaban a nivel nacional.
«A estos sujetos se les acusa de los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas», informó la fiscal del caso.
Agregó que, con estas acciones, la Fiscalía les da respuesta a 149 víctimas, quienes, de acuerdo con las investigaciones, se vieron afectadas por el accionar de esta estructura entre 2020 y 2022.
Entre los capturados se encuentran Mario Ernesto Acosta Morán, principal cabecilla de la red, detenido en Santa Ana; así como José Elías Ortiz Hernández y Hugo Fredys Amaya Arévalo, en calidad de líderes de la estructura.
«Esta es una red que se dedicaba al tráfico ilegal de personas, que las personas les daban la información y ellos daban la ayuda, entre comillas, que los podían sacar del país ofreciéndoles el trayecto, guías, vehículos para transportarlos», detalló la fiscal.
La Fiscalía informó que ese mismo día se inició el proceso de materialización de bienes contra la estructura. El monto de los bienes ascendía a $944,126. También detallaron que se recuperaron ocho vehículos, productos financieros como depósitos y cuentas de ahorro.
23 MUJERES DETENIDAS
Según las estadísticas de la Fiscalía, un total de 23 mujeres fueron capturadas, en el 2021, por transportar a varias personas de forma ilegal hacia los Estados Unidos.
Del total de detenidas, el 57% [13 mujeres] fueron condenadas ese mismo año por el delito de tráfico ilícito de personas.
El 28 de septiembre de 2021, Ana Silvia Reyes Beltrán fue condenada a ocho años de prisión por lucrarse del tráfico ilegal de personas indocumentadas, a quienes les aseguraba que llevaría a los Estados Unidos, pero al final todo terminaba en estafas y engaños.
Según la Fiscalía, el caso inició en febrero de 2019 cuando una de las víctimas acordó con un traficante de origen mexicano, que sería llevada a la nación norteamericana por un precio de $9,000 y para tal efecto Reyes Beltrán, fue la responsable de sacar del país y guiar a la víctima hasta México. Pero durante el trayecto fue detenida por las autoridades migratorias mexicanas que posteriormente la retornaron a El Salvador.
Como reparación del frustrado viaje, le ofrecieron a la ofendida que podrían llevarla nuevamente y esta vez acordaron incluir en el viaje a una hija de la primera víctima y a su nieta, por lo que le entregaron $1,000 más a la imputada. Fue así como el 17 de mayo de 2019 emprendieron el nuevo viaje, pero también fueron detenidas por las autoridades mexicanas y enviadas a El Salvador. Tras el segundo intento fallido las víctimas interpusieron la denuncia.
Tras el juicio, además de los ocho años de prisión, Reyes Beltrán también fue condenada a pagar $1,500 en concepto de responsabilidad civil a favor de las ofendidas.
