La Fiscalía General de la República presentó una acusación en contra de la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén, el segundo gobernante del FMLN, por el desvío de más de $183 millones.
De este modo, el que fue el gobernante, 17 de sus funcionarios y dos empresarios han sido acusados del descomunal desfalco. La cantidad de dinero del que se apropiaron es tal que podría haber servido para construir múltiples carreteras, abastecer por años los hospitales y mantener equipadas las escuelas. Miles de vidas se pudieron haber salvado si el Gobierno corrupto de Sánchez Cerén no se hubiera apropiado de esos $183 millones.
El desfalco al Estado repite los mecanismos que los usados en los gobiernos previos, tanto en el del efemelenista Mauricio Funes como en los de los areneros Antonio Saca y Francisco Flores. La sustracción del dinero público se efectuó por medio de transferencias desde cuentas bancarias oficiales hacia cuentas de particulares a los que supuestamente se les estaban pagando servicios que jamás prestaron o que eran por montos mucho menores.
Utilizaron la cuenta de cargos imprevistos como la nueva partida secreta y desde ahí obtuvieron fondos no solo para enriquecerse ellos y sus aliados, sino también para sobornar a diputados corruptos y, de ese modo, «comprar gobernabilidad». La trama de corrupción está encabezada por el expresidente Sánchez Cerén, ahora nacionalizado nicaragüense; su secretario privado Manuel Melgar, exdiputado y excomandante guerrillero, y Manuel Ayala, quien —de acuerdo con la acusación fiscal— desempeñaba «una función especial» dentro de la administración. También figuran el exdirector ejecutivo de la presidencia entre 2009 y 2019 y el exjefe del Estado Mayor Presidencial.
Tres de los exfuncionarios acusados (Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de la presidencia; Pablo Gómez, exasistente financiero, y Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional) también están vinculados al caso de corrupción del expresidente Funes conocido como Saqueo Público, con el que se sustrajeron $351 millones del Estado. Además, fueron partícipes del caso Destape a la Corrupción, en el que Saca admitió haber robado $301 millones del erario.
En otras palabras, esta estructura se montó por políticos corruptos para robar dinero del pueblo. Funcionó por décadas, con el único fin de saquear las cuentas del Estado y desviar esos fondos para beneficiar al partido político de turno y enriquecer a sus líderes. No había diferencia alguna entre izquierda o derecha, sino que compartían la misma pasión por el robo. Una corrupción generalizada que ahora ha empezado a rendir cuentas a la justicia.
