L as autoridades de Seguridad Pública con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción que impulsa el Gobierno del presidente Nayib Bukele han logrado capturar a más de 52,000 pandilleros y colaboradores de las estructuras criminales.
Pero no solo se trata del éxito en la cantidad de las detenciones, aunque no por ello deja de ser un logro histórico y trascendental (gracias a esto, los niveles de seguridad han incrementado en todo el país, se han superado los altos niveles de homicidios heredados de los gobiernos de ARENA y del FMLN, por lo que El Salvador ha salido de la lista de las naciones más violentas del mundo), sino que también han dado golpes muy profundos que afectan la esencia misma de estas organizaciones mafiosas.
En un operativo que dirigió la Fiscalía General de la República y ejecutó la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a dos importantes testaferros de la pandilla 18, uno de los cuales se hacía pasar por empresario del transporte público de pasajeros. De hecho, lavaba el dinero que los criminales obtenían de la extorsión de los verdaderos transportistas y hasta fingía que también pagaba la cuota, cuando, en realidad, se beneficiaba del dinero mal habido, ya que recibía una parte sustancial.
Al testaferro le confiscaron 18 microbuses de la ruta 45-AB, los que, si bien estaban registrados a su nombre, compró con el dinero de las extorsiones y les entregaba las ganancias a los criminales.
Otro prestanombre de la pandilla simulaba que los ocho vehículos que utilizaba en transporte público de pasajeros eran suyos; sin embargo, eran propiedad de la estructura delincuencial y él solo los administraba.
Las capturas de estos dos colaboradores de las pandillas son fruto de un arduo trabajo policial, de investigaciones profundas y del seguimiento de los criminales. Ya en el pasado las pandillas habían utilizado el transporte de pasajeros para invertir el dinero de las extorsiones y otras actividades criminales para blanquearlas.
Como parte del resultado de la operación conjunta de policías y fiscales, los automotores decomisados pasarán al servicio del combate del crimen.
De hecho, el jueves, el Ministerio de Seguridad le entregó a la PNC una flotilla de 100 automóviles decomisados a las pandillas durante el régimen de excepción. Estos están valuados en un millón de dólares y es el segundo lote de carros que las autoridades entregan; en mayo, distribuyeron 135 carros entre varias unidades policiales para combatir el crimen.
