El Salvador se mantendrá por 30 días más, hasta el 16 de enero de 2023, bajo el régimen de excepción, una figura establecida en la Constitución de la República ampliamente apoyada por la población, pues ha permitido la detención de más de 60,000 pandilleros y, por lo tanto, que el país tenga índices históricos en seguridad.
La novena prórroga recibió 67 votos a favor de los diputados de Nuevas Ideas, GANA, PDC, PCN y los disidentes areneros Carlos Reyes, Donato Vaquerano y Jorge Rosales, mientras que la oposición política, como de costumbre, no apoyó.
Los legisladores del partido ARENA se abstuvieron de votar, mientras que los del FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo votaron en contra. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, había presentado en la víspera al parlamento la moción del Consejo de Ministros que pedía la extensión del estado de excepción por otro mes.
«En menos de nueve meses hemos recuperado por completo el control del territorio nacional. Vamos a entregar un país en paz, libertad y tranquilidad», dijo Villatoro luego de entregar a Ernesto Castro, presidente del congreso, la nueva petición. Previo a la votación, Castro felicitó al Ejecutivo por impulsar estrategias de seguridad que dan excelentes resultados.
«Son decisiones que estamos tomando bajo la Constitución de la República», aseveró. La vigencia del régimen de excepción ha permitido que El Salvador haya tenido en julio, agosto y noviembre pasados, así como en este diciembre, una drástica reducción de homicidios.
Christian Guevara, jefe de fracción Nuevas Ideas, destacó que El Salvador ahora es el país más seguro de Centroamérica y que está también entre los más seguros de América. «Vamos a dar nuestros votos cada vez que lo requiera el Ejecutivo. [El régimen de excepción] ha sido una figura exitosa con cifras en materia de seguridad [pública]», valoró Guevara. Las encuestas de opinión pública —nacionales e internacionales— destacan que nueve de cada 10 salvadoreños aprueban la implementación del régimen de excepción, pues ha llevado tranquilidad a sus comunidades.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele también ha contado con el abrumador respaldo de la población en las tareas de seguridad pública que implementa desde el inicio de su mandato, el 1.º de junio de 2019. Bukele ha puesto en marcha el Plan Control Territorial (PCT), que ha permitido la recuperación de territorio en poder de pandillas y el combate frontal del crimen organizado y del crimen común.
Los gobiernos areneros y efemelenistas no hicieron nada para enfrentar a las pandillas; por el contrario, les ofrecieron prebendas para continuar en el poder, hicieron un pacto de tregua y también les otorgaron beneficios penitenciarios, lo que permitió que las estructuras terroristas se fortalecieran, causando grave daño a la población honrada.
Villatoro también llevó a la Asamblea, para su estudio y posterior aprobación, un pliego de reformas de la ley especial contra el delito de extorsión, para incorporar dos nuevos delitos: el encubrimiento de la extorsión y el financiamiento ilegal de organizaciones criminales, esta última para evitar que las empresas continúen entregando el dinero de la extorsión.
Castro, por su parte, dijo que esta iniciativa pasará a estudio de la comisión legislativa respectiva y que llamará para ello a funcionarios para luego dictaminar lo pertinente.
«Ya no se justifica la entrega de extorsiones por parte de personas naturales y jurídicas a los grupos terroristas. El control de la seguridad pública ahora lo tiene el Estado», dijo, por su parte, el titular de la Defensa, René Merino Monroy.
Villatoro reveló que con la reforma propuesta desde el Ejecutivo «se prohíbe y sanciona con penas de cinco a ocho años de prisión a aquellas empresas, directivos, representantes legales catalogados como grandes o medianos contribuyentes del Estado de El Salvador a pagar extorsión a ninguna estructura criminal».
