En diciembre de 2020 el banco multinacional británico HSBC envió cartas a la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Fiscalía General de la República (FGR) advirtiendo, que en la misiva hacía ver que de no tener una respuesta de la Sala de lo Constitucional a una demanda de amparo en un período de tres meses iniciarían acciones en contra del estado salvadoreño.
La firma argumenta que dicha Sala no ha dado rápido trámite a la demanda de amparo que el banco Davivienda interpuso en julio de 2019, en aras de revertir la resolución que favoreció al empresario José Antonio Salaverría por parte de la Sala de lo Civil, que obligó al banco a pagarle $49.3 millones.
El caso, advirtió la financiera según fue consignado por medios locales, se estaría ventilando conforme a lo establecido en tratados entre El Salvador y el Reino Unido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI.
Los abogados de HSBC se han pronunciado por la «demora» que ha tenido la Sala para dar trámite a su demanda, por lo cual dicen que ha sido un trato «injusto» y que en ese sentido el país es el responsable de compensar.
Al respecto, se le consultó a Andrés Salaverría, hijo de José Antonio, el demandante, sobre las pretensiones de la financiera con este tipo de presiones, y ante lo cual ha dicho: «Creo que lo que buscan ellos a forma de presión y temor, me imagino, que su estrategia está en crear un temor en la Sala de lo Constitucional y que falle a favor del recurso de amparo. Nosotros siempre hemos sido muy creyentes en el sistema de justicia, hemos demostrado con 12 años de proceso cuanto creemos en la administración de justicia del país».
Agregó que son muy respetuosos del estado de Derecho, y por lo tanto consideran que «en materia de civil y mercantil la Sala de lo Civil es la máxima instancia y fue la Sala de lo Civil quien los condenó».
Salaverría dijo que después que una sentencia ha sido ejecutoriada la misma le ley da tres días hábiles al condenado –en este caso Davivienda- para pagar de forma voluntaria.
«Uno hubiese esperado que siendo una institución seria y bancaria se hubiera apersonado y hubiera cumplido con el pago, así como cuando ellos están del otro lado y a un salvadoreño lo despojan de todo en razón de días para cobrarse», mencionó.
También dijo que «Me toma con mucha impresión que estén cuestionando cuánto les ha dilatado el proceso de amparo, pero no cuestionan cuánto ellos han dilatado el proceso de ejecución forzosa que inició el 1 de octubre de 2019 y el primer pago se recibe el 8 de enero de 2021, lo que veo es que el banco tiene que ser congruente», comentó.
Salaverría descartó que el proceso de respuesta por parte de la Sala de lo Constitucional se haya demorado, como fue planteado por los abogados del banco.
«Ellos vienen y dicen que van a demandar al Estado de El Salvador para resarcir los daños por el tiempo que ellos consideran un tiempo injusto que la Sala de lo Constitucional ha demorado en conocer sobre una demanda de amparo que ellos presentaron el 30 de julio de 2019. Mencionan que han pasado 17 meses en el congelador, lo cual desmentimos, es falso, (ver copia anexa) con una cronología de movimientos que dos meses después de la presentación de la amparo (14 de octubre de 2019) ya hay una resolución de la Sala de lo Constitucional donde hace 8 prevenciones al banco Davivienda para que aclare 8 puntos que a criterio de ellos (magistrados) habían sido mal presentados».
