Durante décadas, los salvadoreños padecieron de la inseguridad más galopante, al punto de que no podían visitar los lugares donde vivían sus familiares cercanos, pero que eran dominados por pandillas contrarias de sus lugares de residencia. Llegar a esas zonas equivalía a enfrentar una sentencia de muerte.
Y no solo pasaba en planos familiares. También sucedía, como todo salvadoreño lo sabe, en el ámbito comercial, pues las empresas distribuidoras de mercaderías que surten las tiendas de barrios y colonias también sufrían el embate de la criminalidad: atracos, hurtos, amenazas de muerte, lesionados, fallecidos y el pago de extorsiones. Esto, como puede imaginar cualquiera, encarecía las operaciones comerciales, que requerían no solo aumentar los niveles de seguridad (al punto de que veíamos camiones repartidores de abarrotes flanqueados por vigilantes armados con escopetas), sino que también debían incluir en sus presupuestos los pagos de las extorsiones de las diferentes pandillas si tenían que recorrer territorios de unas u otras.
Con pandilleros dominando las calles, cualquier actividad estaba bajo su control, gracias, también, a la displicencia y complicidad de los gobiernos de ARENA y del FMLN, que dejaban a los criminales manejar a su antojo los territorios. Muchas empresas pequeñas y medianas se vieron obligadas a cerrar o a reducir sus operaciones debido a los altos costos y a la baja de clientes, de modo que la economía se ralentizó.
Que ahora venga el presidente de ARENA, Carlos Saade, a decir que «la seguridad no se come» y que los altos niveles de seguridad generados por la efectividad de las políticas del presidente Nayib Bukele «no dejan más billetes en el bolsillo» o que no han logrado bajar el precio de los productos de la canasta básica muestra el desprecio hacia la vida de los salvadoreños, además de su desconexión con la realidad.
Una persona que ya no paga extorsiones tiene, de hecho, más dinero disponible, además de que la seguridad que ahora existe le permite gozar de mayor libertad de movimiento para trabajar y para hacer emprendimientos que antes no podía. Eso sin contar que con más de 64,000 pandilleros y colaboradores en la prisión se ha protegido el derecho a la vida de decenas de miles de ciudadanos honrados.
El Gobierno del presidente Bukele mantiene vigentes medidas para combatir la inflación, mismas que fueron atacadas por ARENA y sus aliados del FMLN, que contemplan la exoneración de impuestos de alimentos y la estabilidad del precio de la energía. Con esto se protegió la economía familiar, lo que, en efecto, permitió más disponibilidad de recursos en las familias.
