La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, La Libertad, enjuicia este lunes al exfiscal general Luis Martínez por enriquecimiento ilícito de $71,736.62.
El ministerio público está solicitando a los magistrados que lo condenen a pagar al Estado el monto con el que se enriqueció de forma ilícita y lo inhabilite para ejercer cualquier cargo en la administración pública por un plazo de 10 años.
Al exfiscal, la CSJ ordenó el 29 de noviembre de 2016, enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito de $486,213.80, que junto a su esposa Carla Francesca García Rossi de Martínez y su hijo Luis Carlos Martínez García, no pudieron justificar ante la Sección de Probidad.
Este expediente fue admitido de forma oficial el 9 de enero de 2018 por la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla y más de cinco años después de esa resolución se realiza la última audiencia del juicio civil.
Desde que la CSJ ordenó el proceso pasaron siete años y si bien inició contra el exfuncionario, su esposa a hijo, durante todo este plazo una serie de escritos presentados por abogados permitieron que los parientes del exfiscal fueran excluidos.
«La Fiscalía General de la República presentará abundantes evidencias que demuestran la autoría de Martínez en hechos de corrupción», según el ministerio público.
El exfuncionario quien está en arresto domiciliar ya fue condenado a cinco años de prisión en el año 2018 por el Tribunal Sexto de Sentencia, al ser encontrado culpable del delito de divulgación de material reservado en perjuicio de Antonio Rodríguez Tercero, conocido como el padre Toño.
Pero además tiene otros dos procesos penales pendientes; uno en fase de sentencia y el otro en fase de instrucción esperando audiencia preliminar, razón por la cual la Cámara de Primera de lo Penal lo envió a que cumpla arresto domiciliar y que le sea impuesto el dispositivo electrónico de localización, conocido como brazalete electrónico.
En el Tribunal Tercero de Sentencia tiene pendiente el juicio por el caso que la Fiscalía conoce como «Rais-Martínez» por los delitos de revelación de documentos secretos y omisión de la investigación.
Mientras que la otra causa penal es el caso «Corruptela», por los delitos de omisión de la investigación, lavado de dinero, peculado, falsedad documental, negociaciones ilícitas, cohecho propio y falsedad ideológica y aun no se ha realizado la audiencia preliminar.
El proceso llegó al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador; pero esa sede se declaró incompetente para conocer en octubre del 2020, por lo que el proceso está en estudio de la Cámara Primera de lo Penal y no se sabe quien seguirá el expediente.