Nunca en la historia nacional los salvadoreños gozaron de tanta libertad como la que tienen ahora que las pandillas están siendo sometidas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele. Solo aquel que niega la realidad puede creer que durante las administraciones de ARENA-FMLN hubo libertad de circulación irrestricta, cuando lo que había era un control de barrios y colonias por parte de las pandillas.
La vieja clase política negoció con las maras y les entregó dinero a cambio de favores electorales, de respaldo de sus candidatos y de ataques a los adversarios. A cambio, como lo demostró la tregua patrocinada por el primer gobierno del FMLN, los pandilleros aparentaban suspensión de asesinatos, cuando en realidad los seguían cometiendo, pero desaparecían los cuerpos de sus víctimas en cementerios clandestinos que se multiplicaron a lo largo y ancho del país.
Gracias a la implementación del Plan Control Territorial — que ARENA, el FMLN y sus aliados boicotearon en la anterior legislatura y al cual todavía hoy se oponen— y el régimen de excepción, más de 68,000 integrantes y colaboradores de las maras han sido detenidos y enviados a prisión, liberando así a miles de comunidades en todo el país.
Las empresas distribuidoras de productos básicos y de todo tipo de mercadería, lo mismo que los empresarios del transporte público, aseguran que gracias al régimen de excepción se libraron de las extorsiones y los trabajadores laboran en seguridad. Eso dinamiza la economía local, permitiendo a los ciudadanos disponer de más fondos —que antes les eran arrebatados por los criminales— tanto para atender las necesidades primarias de sus familias como para esparcimiento.
Los únicos que han tenido un recorte de libertades por el régimen de excepción son los delincuentes que han sido detenidos y encarcelados. Los constantes controles y patrullajes por parte de la Policía y del Ejército permiten seguir capturando a pandilleros que se han ocultado para tratar de evadir la prisión.
Incluso los que huyeron del país son detenidos por gobiernos hermanos y deportados para que enfrenten una larga condena en el Centro para la Contención del Terrorismo (Cecot).
El resto de las libertades continúa ejerciéndose de manera activa: los medios de comunicación publican lo que quieren, en las redes sociales cualquiera dice lo que piensa, las ONG y fundaciones siguen con sus actividades (incluyendo apoyo a políticos de vieja cuña) y hay marchas organizadas por la oposición que transcurren sin ningún inconveniente.
Las encuestas lo demuestran: los salvadoreños están muy satisfechos con el Gobierno y por eso esperan que el presidente Bukele continúe haciendo su trabajo.
