Para la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), la administración de Joe Biden no solo continuará violando su propia Ley de Inmigración y Nacionalidad —que permite el derecho al asilo a quienes lo soliciten al llegar a suelo estadounidense—, sino que también usará sus nuevas reglas para rechazar de forma masiva a los inmigrantes.
De acuerdo con la política en vigencia, respaldada por el Título 8, las personas que crucen la frontera de manera irregular sin haberse sometido al proceso para petición de asilo a través de la aplicación CBP One serán deportadas de inmediato. Es decir, el Gobierno despoja por completo de la alternativa de permanecer en Estados Unidos para convertirse en un solicitante de asilo. Desde el pasado 12 de mayo solo se permite que los inmigrantes pidan una protección humanitaria estrictamente fuera de las fronteras estadounidenses.
WOLA señala que la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, en inglés), que trata del derecho al asilo estando en Estados Unidos, no hace distinción de cómo llega el solicitante al país. «Aquellos que ingresan sin inspección cruzando la frontera terrestre entre los puertos de entrada pueden haber cometido un delito menor, pero no hay nada en la ley que indique que su forma de entrada tenga alguna relación con su elegibilidad para solicitar asilo», enfatiza la organización líder en investigación.
Esto no solo infringe la ley estadounidense, sino también la internacional. La Convención de Refugiados de 1951, de la que Estados Unidos es firmante, tiene como principal fundamento que una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad.
Sin embargo, el Gobierno de Biden explicó que negará el proceso a los migrantes que acudan a un puerto de entrada sin una cita. Tampoco dejará entrar a los que pasaron por países de camino hacia Estados Unidos sin buscar asilo y haber sido negado. «No importa cómo y dónde un solicitante de asilo cruzó a Estados Unidos. Tampoco importa por cuántos países haya pasado», destaca WOLA.
«Todavía no sabemos cuán agresiva y completamente los gobiernos de Estados Unidos y México implementarán la nueva regla de “prohibición de tránsito”», aseveró WOLA, ya que el Gobierno mexicano acordó recibir a los migrantes de ciertas nacionalidades que no pueden ser deportados a sus países de origen, como los venezolanos y haitianos.
Los migrantes que sean procesados por el Título 8 se enfrentarán a una «presunción refutable de no elegibilidad para el asilo». Esto significa que tendrán que defender sus solicitudes mientras se encuentran bajo custodia en la Oficina de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en una llamada telefónica con un oficial.
Si las autoridades estadounidenses consideran que el caso no procede, serán deportados rápidamente y no podrán reintentar el procedimiento hasta dentro de cinco años.
La regla cerraría parcialmente, en un grado histórico y legalmente cuestionable, el derecho a buscar asilo al llegar a suelo estadounidense, como se establece en la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y en la Convención de Refugiados de 1951, asevera la organización.
Además, indica que los migrantes adultos solteros podrían ser los más afectados que los que viajan en familia.
«El Título 8 es una desnaturalización dramática del derecho a solicitar asilo. Junto con el proceso de deportación acelerado, impulsarán las deportaciones masivas de personas que de otro modo podrían calificar para el asilo. Es difícil argumentar que esto es consistente con la sección 208», argumentó WOLA.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que hay aproximadamente 660,000 migrantes actualmente en México, incluidos más de 200,000 ciudadanos haitianos y venezolanos, además de 287,000 ciudadanos mexicanos desplazados internamente.
