Kate Cox, de 31 años y madre de dos hijos de Dallas, está embarazada de 21 semanas. El feto tiene una anomalía genética, la trisomía 18 completa, que significa que probablemente morirá antes de nacer o, como mucho, vivirá unos pocos días.
Los médicos afirman que no interrumpir el embarazo causaría una rotura del útero de Cox, amenazando su fertilidad futura y su vida. Ella, su marido y su médico demandaron a Texas la semana pasada e inicialmente un juez del condado de Travis le concedió el derecho a abortar.
Pero el fiscal general del estado, Ken Paxton, recurrió rápidamente ante la suprema corte de Texas, que bloqueó la orden del tribunal inferior. Paxton también amenazó con procesar a cualquier médico que practicara el aborto.
«Esta última semana de limbo legal ha sido infernal para Kate», dijo Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos, que presentó el caso en nombre de Cox, su marido y su médico.
«Su salud está en la cuerda floja. Ha estado entrando y saliendo de urgencias y no podía esperar más. Por eso los jueces y los políticos no deberían tomar decisiones sobre atención de las embarazadas: no son médicos».
La Suprema Corte de Estados Unidos revirtió el derecho constitucional al aborto en 2022.
Inmediatamente el estado de Texas, prohibió la interrupción de los embarazos aún en caso de violación o incesto.
Los médicos texanos culpados de practicar abortos se exponen a penas de hasta 99 años de cárcel, multas que llegan a 100 dólares y revocación de su licencia para ejercer la medicina.
