Las pandillas como fenómeno social surgieron en las calles de ciudades de Estados Unidos, principalmente en Los Ángeles. Las políticas migratorias en los años noventa del siglo pasado priorizaron la deportación de indocumentados que habían huido del país a consecuencia del conflicto armado, por lo que El Salvador empezó a recibir a muchos jóvenes y adultos que se habían incorporado a estos grupos como una forma de defenderse de otras agrupaciones.
Los gobiernos de ARENA recibieron deportados a delincuentes consumados, condenados por homicidios, robos violentos y extorsiones y no revisaron sus antecedentes criminales, por lo que quedaron en libertad, y actuaron a sus anchas para organizar las pandillas que conocieron en Estados Unidos.
Los acuerdos de Chapultepec solo garantizaron beneficios para las cúpulas de ARENA y del FMLN, por lo que dejaron intacta la estructura económica que originó el conflicto, con el agravante de que después de más de una década de guerra había muchas armas en el territorio y mucha gente que solo había conocido la violencia como forma de vida.
Los grupos cercanos a ARENA aprovecharon la delincuencia surgida tras el fin del conflicto armado para crear agencias de seguridad, que también se volvieron «necesarias» cuando las pandillas empezaron a desbordar el sistema con sus delitos.
Uno de los momentos más graves llegó cuando en 2012 el primer gobierno del FMLN les dio reconocimiento a las pandillas como si se tratasen de un actor social. La mal llamada «tregua» reconoció que las maras en realidad habían fundado un «Estado criminal paralelo» y, por lo tanto, tenían territorios y población bajo su mando a quienes sometían con sus propias «leyes» e «impuestos».
«¿Por qué un gobierno que a la luz de estas organizaciones internacionales lo habían elegido democráticamente se acerca a un Estado criminal paralelo? ¿Con qué fines? ¿Por qué tuvo que acercarse? Se acercaron por fines electorales», aseguró el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, en referencia a las razones por las que el Gobierno de Mauricio Funes pactó con las maras.
Esta política criminal fue combatida desde la llegada del presidente Nayib Bukele al Ejecutivo, y ahora se profundiza con la acusación que el Gobierno prepara en contra de la MS como corporativo delincuencial. Es la hora de la justicia para millares de salvadoreños que fueron víctimas de las pandillas.
