En cuestión de un mes, Othón Sigfrido Reyes Morales, expresidente de la Asamblea Legislativa, quedó amarrado legalmente por tres vías. El 9 de enero de 2020, la Fiscalía General de la República ordenó capturarlo por supuesto lavado de dinero, peculado y estafa.
Este proceso es el más complicado, ya que, si el caso llega hasta la vista pública y es declarado culpable, la pena máxima por los tres ilícitos alcanzaría los 38 años de prisión.
Con el proceso penal en marcha, 27 días después, el ministerio público golpeó sus finanzas por medio de la ley de extinción de dominio. Fiscales especializados en esa materia le incautaron propiedades y cuentas bancarias por un monto de $1,361,779.21.
El 14 de febrero, por otro lado, la Unidad Anticorrupción lo demandó civilmente junto con su esposa e hijo por presunto enriquecimiento ilícito de $472,464.04, que la de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectó en el período del 1.o de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Así está planteado el largo camino legal que el exlegislador asilado en México debe seguir y que Pedro Cruz, su abogado, califica como expedientes con información falsa o imprecisa.
«La Fiscalía General de la República ha tergiversado mucho», asegura el defensor al consultarle sobre los casos judicializados en contra de Reyes Morales.
Los tres expedientes han seguido su ruta hacia la siguiente etapa. La causa penal se resume en cinco delitos con 14 imputados; entre ellos, Reyes Morales, su esposa, Melba, un hijo y socios. Los fiscales resaltan en la carpeta judicial una red que supuestamente blanqueó $6.5 millones. Al exlegislador le reprochan que supuestamente lavó $781,844.77 entre 2006 y 2019.
En la resolución del 14 de enero de 2020, el Juzgado Decimoprimero de Paz de San Salvador ordenó la captura del expresidente de la Asamblea Legislativa y envió a la Policía Internacional (Interpol) un oficio en el que le notificaba la decisión judicial.
La Oficina Central Nacional (OCN) de la Interpol, en San Salvador, informó dos días después al juzgado que ya se habían iniciado las gestiones para la difusión roja.
La diligencia más reciente en este expediente fue la juramentación de cuatro peritos que se encargarán de extraer la información que contienen los equipos electrónicos que les decomisaron a los procesados, y una solicitud fiscal que fue presentada al Juzgado Sexto de Instrucción, que tiene el control jurisdiccional de la causa para que se lleven a cabo auditorias financieras contables, exámenes especiales y un valúo de los inmuebles vendidos a sociedades vinculadas a Reyes.
Se trata de las sociedades Terrein, S. A. de C. V.; EKO Lime, S. A. de C. V., y Lubbex, S. A. de C.V., constituidas con el fin de legalizar los fondos que Reyes habría obtenido ilícitamente.
Según el expediente bajo responsabilidad del Juzgado Sexto de Instrucción, Terrein, S. A. de C.V., y EKO Lime, S. A. de C. V., se fundaron entre 2011 y 2015, cuando Sigfrido Reyes era presidente de la Asamblea Legislativa, con la idea de darles apariencia legal a los viáticos que él mismo se adjudicaba.
La Fiscalía deberá superar en la fase de Instrucción los cuestionamientos de la jueza del Juzgado Decimoprimero de Paz, que en la audiencia inicial dijo que no hay elementos que señalen estafa agravada y participación por parte de Reyes Morales. Mencionó, además, que no hay evidencia para decir que es una estructura criminal, como lo ha señalado la representación fiscal.
JUICIO CIVIL AVALADO
El 3 de septiembre de 2020, los abogados de Sigfrido Reyes intentaron que la Cámara Segunda de lo Civil resolviera a su favor alegando que no hay caso y que la demanda por supuesto enriquecimiento ilícito presentada por la Fiscalía se diera por finalizada.
Pedro Cruz planteó que el proceso iniciado no reúne los requisitos para avanzar a la audiencia preparatoria, que es la diligencia donde se determina la prueba que se admitirá para discutir en la etapa final del juicio civil.
Pero las magistradas decidieron que el caso debe seguir, ya que la Fiscalía ha cumplido con todos los requisitos y anexó toda la información necesaria, lo que desestimó la pretensión de los abogados del demandado.
Desde que interpuso la demanda civil, la Unidad Anticorrupción dejó clara su petición para que el exlegislador, su esposa e hijo —Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández y Luis Reyes Rodríguez— sean declarados responsables y se les obligue a pagar los $472, 464.04 y que además se los inhabilite para ejercer cualquier cargo público durante 10 años.
BIENES AL ESTADO
El impacto financiero inmediato y que Sigfrido Reyes no esperaba fue el golpe a sus finanzas por la vía de extinción de dominio. La Fiscalía le decomisó 25 inmuebles (valorados en $946,950), 12 cuentas bancarias y cinco depósitos a plazo fijo por un monto de $414,829.21
Hasta la fecha, el proceso está en fase administrativa de investigación; es decir, la Fiscalía no lo ha oficializado judicialmente. Desde el 5 de febrero de 2020 comenzó el plazo de 90 días para presentar la solicitud de extinción de dominio en el juzgado especializado en esa materia.
