La migración criminal será sancionada hasta con 30 años de prisión, según se plantea en las reformas a los delitos patrimoniales que el Ejecutivo ha presentado en la Asamblea Legislativa.
Con esto se busca combatir la movilidad criminal, según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro. Las autoridades han enfrentado por décadas el accionar de delincuentes que para no ser identificados por las víctimas se trasladan de un departamento hacia otro para cometer hurtos y robos.
«Tema interesante de esta reforma es que se combate de una mejor manera esa movilidad criminal. Lo que obviamente sucede es que si yo soy del municipio, vamos a decir de Polorós y vengo a cometer hurtos al Centro Histórico, que es lo que busco con cometerlo en un municipio diferente al que yo vivo: La impunidad, que nadie me conozca en el Centro Histórico», dijo el funcionario.
Entonces las reformas plantean que el cometer un delito patrimonial en un domicilio diferente, agrava la pena. También se le da un agravante cuando el delito es consumado en espacios públicos o en unidades de transporte colectivo.
«No lo vamos a tolerar, rateros, ni asaltantes dentro de espacios públicos abiertos al público o en transporte público», sostuvo el titular de Justicia y Seguridad.
Las reformas al Código Penal y Procesal Penal son integrales en lo que respecta a los delitos patrimoniales. El aumento de pena se plantea en el Código Penal y otras enmiendas atacan incluso las tácticas dilatorias de abogados que desde 1998 estuvieron enfocando su defensa en poner en libertad a criminales condenados.
Lo que muchos defensores estuvieron haciendo es llevar las causas penales hasta los 24 meses mediante escritos, cuando homicidas, extorsionistas y otros fueron condenados; uno o dos meses antes de los dos años detención presentaron apelaciones o casaciones para que las sentencias no quedaran firmes.
Y al no estar ejecutoriadas acudían ante los jueces con solicitudes para que liberaran a los condenados y ataban a los funcionarios judiciales para que accedieran porque de lo contrario caían en detenciones ilegales.
Con las reformas se busca combatir ese nivel de impunidad que los mismos códigos estaban permitiendo. Los plazos procesales se continuarán manteniendo, dijo el ministro Villatoro.
