La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, ha escuchado ya los argumentos del exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su grupo familiar quienes enfrentan un juicio civil por enriquecimiento ilícito.
Las declaraciones de propia parte, como se le denomina a los testimonios rendidos, comenzaron el pasado lunes cuando Chicas y su esposa Blanca Stefany Ayala Martínez, expusieron su versión respecto al incremento patrimonial no justificado planteado por fiscales de la Unidad Anticorrupción.
En el segundo día de la audiencia probatoria fue el turno de Ana Lucía Ramírez Ayala y Carlos Ernesto Chicas González, exesposa e hijo del exfuncionario.
Además de las declaraciones con las cuales pretenden aclararle a la Cámara que no hay ningún enriquecimiento ilícito, la Fiscalía General de la República ha presentado en el proceso prueba documental y financiera.
«Vamos a presentar prueba documental y también se ofrece el dictamen pericial el cual ya está incorporado al proceso y con toda esa documentación pretendemos establecer el aumento de patrimonio y enriquecimiento ilícito de Eugenio Chicas y su grupo familiar», expresó uno de los fiscales.
El peritaje financiero contable que el ministerio público pidió que se realizara busca acreditar que los cuatro demandados tuvieron ese aumento ilícito de su patrimonio durante el período que chicas fue funcionario.
Con el análisis, los representantes de la Fiscalía quieren probar que Chicas y sus parientes se enriquecieron de forma ilícita con fondos públicos por un monto de $282,494.21.
A Eugenio Chicas, le reprochan 15 irregularidades por un monto de $252,306.13, pese a que en la Sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo emplazaron para que las desestimara, no pudo desvanecerla y por eso Corte Plena ordenó el juicio civil.
A su esposa, Blanca Stefany Ayala Martínez, le cuestionan dos inconsistencias que hacen una cantidad de $11,282.00. En cuanto a su hijo, Carlos Ernesto Chicas González, la Fiscalía le reclama $1,080.44; mientras que a su exesposa, Ana Lucía Ramírez Ayala, la demanda fue iniciada por ocho irregularidades que ascienden a $17,825.64. La pretensión del juicio civil promovido es que se emita una condena que obligue a los cuatro a reintegrar el dinero que supuestamente obtuvieron de forma ilícita cuando Chicas era presidente del TSE.
