Sigo sosteniendo que El Salvador tiene una oposición política reactiva, mas no propositiva, esto lo afirmo pues al no tener agenda específica se dedica únicamente a reaccionar ante los distintos temas que hábilmente el presidente Nayib Bukele coloca en la agenda pública, dejando al descubierto su carencia de ideas, de estrategia y de táctica, que son pilares fundamentales en el ámbito político partidista para debatir y proponer alternativas de solución al país y a su gente.
Desde mi experiencia, mucha o poca del quehacer político partidista, he conocido algunos malabares que los «dueños» de los partidos políticos hicieron en el pasado. La deuda política se convirtió, al igual que el Fodes (ya derogado), en canales de corrupción galopante. En el fondo únicamente sirvieron para engordar los bolsillos de los dueños de los partidos políticos, es decir, que el Estado debía pagar sus campañas políticas para que los políticos tradicionales llegaran únicamente a lactar y a robar el erario.
Según declaraciones del presidente Bukele, esta era terminó y quien de verdad busque «servirle» al país deberá hacerlo haciendo uso de sus propios recursos. Cabe aclarar que en el momento histórico en el cual nos encontramos las redes sociales y todos los mecanismos tecnológicos permiten difundir rápidamente los mensajes; les pongo un sencillo ejemplo: la oposición utiliza desde ya dichos mecanismos de información o de desinformación para buscar llegar a su auditorio, pero acá igual se conjuga la información versus la credibilidad, y es en este segundo apartado en el que la oposición política —principalmente de ARENA, FMLN y VAMOS— tiene serias dificultades, pues para ser honestos no tienen nada que ofrecer como alternativas de solución a los problemas estructurales y coyunturales del país. A este grupo se unen organismos no gubernamentales, un sector de las universidades y algunos «académicos», todos en el ámbito de «las almas en subasta».
Hay una negra historia detrás de la deuda política. Esta nace como producto de que el país venía de una dictadura militar que de 1932 hasta 1979 mantuvo a la población en un esquema de represión generalizada, irrespeto total a los derechos humanos y un proceso democrático fallido, pues los fraudes electorales caracterizaron la época. A raíz de dicho fenómeno es que no había condiciones para que los partidos políticos se inscribiesen y participaran en los procesos electorales, y una manera de incentivar su participación era aportando recursos estatales en concepto de deuda política, asignando un valor monetario a cada voto. Es así como nace esta alternativa en el marco de la redacción de la Constitución Política de 1983.
Lamentablemente, y como el presidente Bukele decía, en nuestra sociedad persiste «la cultura del más vivo». Los secretarios de los partidos políticos tradicionales hicieron de los fondos estatales en concepto de deuda política su hacienda y su pecunio particular. Ahora todo tiene sentido, pues el pleito por cada voto tiene un valor monetario; en 2018 el voto para diputados se costeó en $2.82 y para alcaldes $2.11; estos números solo son referencia para conocimiento de la población, no obstante, se conoció que partidos como ARENA y FMLN, principalmente, tenían financistas —muchas veces corporaciones empresariales— que financiaban las campañas políticas, muchas de ellas millonarias, y que era a su vez la temporada alta de las grandes corporaciones de prensa radial, escrita y televisiva. En otros casos con dineros provenientes de actividades delictivas múltiples.
Por esa razón buscaron darle un dulce a la población con la creación del decreto legislativo 307 de fecha 27 de febrero de 2013, que da pie a la Ley de Partidos Políticos en El Salvador. Nótese que se hizo a solicitud del presidente de esa época, el recién fallecido Mauricio Funes, del FMLN, instituto político que en 2018 ignoró una sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando previno a todos los partidos políticos que para recibir el 70 % de anticipo de la deuda política para las elecciones que venían (perdiendo los efemelenistas el Ejecutivo), debían de publicar la nómina y cantidades de sus financistas. Dicha resolución fue desobedecida por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, que entregó al FMLN $3.1 millones, dejando claro que ellos manipulaban a la Corte Suprema de Justicia de esa época.
