Entre el 4 de diciembre de 2012 y 3 de diciembre de 2015, Luis Antonio Martínez González, llegó a la Fiscalía General de la República y asumió el monopolio de la investigación de un país sumergido en altos índices de criminalidad y corrupción, al culminar su gestión de tres años no fue reelecto porque una serie de cuestionamientos y actos de corrupción erosionaron los principios de probidad, confianza y transparencia.
Desde el 2014, estando aún en la Fiscalía, comenzó a surgir información de ilegalidades cometidas por el exfuncionario, entre ellas la divulgación de escuchas telefónicas en casos de investigación, al final, esos señalamientos terminaron en los tribunales de San Salvador, con una acusación presentada el 26 de agosto de 2016 por divulgación de material reservado.
El expediente llegó hasta vista pública en el Tribunal Sexto de Sentencia en San Salvador, con una condena de cinco años y el pago de $125,000 en concepto de responsabilidad civil al sacerdote Antonio Rodríguez Tercero, conocido como «padre Toño» quien fue afectado por la divulgación de unas conversaciones en agosto del 2014, días después de la captura del sacerdote español junto a una estructura de pandillas que fue procesada por una serie de ilícitos.
Esa fue la primera condena de Martínez, la cual le fue impuesta el 4 de diciembre de 2018 y finalizada en el 2023, otros tres procesos le fueron iniciados en los tribunales; el caso conocido como «Corruptela» todavía está en fase de instrucción, el juicio por fabricar pruebas y favorecer al empresario Enrique Rais, recién ha finalizado y está esperando de fallo de vista pública, así como una condena por enriquecimiento ilícito.
Por el último expediente la normativa salvadoreña no encarcela a nadie, solo obliga a que un exfuncionario condenado por enriquecimiento ilícito devuelva al Estado lo obtenido de forma indebida, Luis Martínez, debe reintegrar $71,736.62, según resolución de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla.
El tercer expediente en sede judicial finalizó el 18 de julio de 2025 en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, Martínez, es acusado de omisión en la investigación y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, por el último delito han pedido se modifique a fraude procesal y que por ambos sea condenado a 15 años de prisión.
Pero el expediente que lleva años en la fase de instrucción es el conocido como «Corruptela», el exfiscal es procesado junto a los empresarios Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais y Aldo Vinicio Parducci y 25 imputados más.
En el expediente, el Ministerio Público señala que los acusados formaban parte de una red de corrupción que operaba dentro de la Fiscalía General de la República cuando Luis Martínez era el titular, y se basó en entregas de dadivas económicas a cambio de favores personales; así como la exclusión de funcionarios y empresarios en investigaciones de casos.
Los acusados enfrentan delitos graves como peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, lavado de dinero y activos, omisión de la investigación, cohecho activo (sobornos) y cohecho propio.
Entre los hechos que la Fiscalía le reprocha a Luis Martínez, es que recibió dádivas del empresario prófugo, Aldo Vinicio Parducci, a cambio de otorgarle un contrato de arrendamiento de inmueble donde funcionaría el Archivo de la Fiscalía, supuestamente Parducci entregó a Martínez, $ 220,000 simulando un préstamo con garantía hipotecaria.
Funes y el exfiscal general
En otro caso se menciona que el fallecido expresidente de la República, Mauricio Funes otorgó dádivas a Martínez, para favorecerlo y evitar ser investigado en los casos «Chaparral» y «Tregua con Pandillas», supuestamente recibió de Funes, cinco vehículos y sobresueldo hasta por $15,000 mensuales.
En un tercer caso, el Ministerio Público se detalla que Enrique Rais López y Hugo Blanco Rais, en concepto de dádivas le habrían dado al exfiscal 96 viajes aéreos, cuatro vehículos y dinero en efectivo a cambio de recibir beneficios en tres procesos en los que tenían calidad de demandados y promover seis casos penales contra terceras personas.
Además, se acusa que hubo apropiación de fondos públicos asignados a la Fiscalía por parte de los imputados, al cometer el delito de peculado, obteniendo beneficios propios para los cuales sustrajeron $677,356.34.
En las pesquisas se estableció que ese dinero fue utilizado para pagos de créditos personales, reparaciones de vehículos particulares, pago de viáticos complementarios, pagos de recibos de telefonías, pagos de consultorías no realizadas y pagos de recompensas a colaboradores inexistentes.
Corruptela es un caso complejo
En la investigación de la Fiscalía General de la República hizo sobre «Corruptela» se evidencian 22 casos de delitos de corrupción y lavado de dinero, se habla que hubo transacciones de $1.7 millones en dádivas entregadas y recibidas a cambio de beneficios personales.
En el caso de Martínez, la Fiscalía lo relaciona con 15 casos, uno de por el delito peculado, dos de negociaciones ilícitas, dos cohechos propios, una falsedad ideológica, cinco falsedades documentales agravadas, una omisión de investigación y lavado de dinero, entre los años 2012 al 2015.
El exfiscal general supuestamente favoreció a Mauricio Funes y empresarios como Enrique Rais, para no procesarlos luego que aparecieron en investigaciones, a cambio obtuvo beneficios económicos, según la acusación.
En cuanto a Funes, las pesquisas de los fiscales encontraron que una conexión directa con Martínez, a quien supuestamente le entregó dádivas para que no lo acusara por las anomalías en el proyecto hidroeléctrico El Chaparral, proceso que fue iniciado en el Juzgado Noveno de Paz en enero del 2019.
